La Fiscalía señala que para considerar delito de atentado contra la autoridad una agresión de estas características deberán concurrir los requisitos de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave o resistencia activa, ejercidos contra estos profesionales, al tiempo que indica que podrán ser sujetos pasivos del citado delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente. Desde esta perspectiva, no se podrá aplicar este delito en los casos en que las víctimas de las agresiones sean profesionales de la educación o de la salud que presten sus servicios como empleados de empresas o de instituciones públicas relacionadas con la administración en régimen de concierto u otra fórmula similar.

Con esta consulta, el Ministerio Fiscal intenta proteger el orden público, por entender que estas personas “prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos”. La medida, de enorme trascendencia en el ámbito jurídico, se suma a las iniciativas que vienen desarrollando diversas comunidades autónomas -entre ellas, la andaluza- al objeto de prevenir y atender a los profesionales afectados por estas manifestaciones violentas, mediante la elaboración de protocolos de actuación, publicación de guías de orientación, asesoramiento y personación en las causas judiciales, e incluso a través de la adecuación de las infraestructuras.

Todo un logro

Según ANPE, la consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función ha sido una de las grandes demandas de este sindicato desde la puesta en marcha del servicio ‘El Defensor del Profesor’, por lo que le “satisface mucho verla reconocida por el Fiscal General del Estado, aunque seguiremos reivindicando su expreso reconocimiento legal”. Fuentes de esta organización han señalado que la autoridad del profesorado “es un hecho básico de la relación educativa”, y por consiguiente, “debemos dar un paso más: la sociedad tiene que valorar la autoridad que emana de la propia dignidad del trabajo docente y debe reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que se debe a sus decisiones académicas”.

Durante los últimos años, desde ANPE y su servicio ‘El Defensor del Profesor’, se ha venido alertando sobre el progresivo deterioro de la convivencia en los centros. Una de sus principales reivindicaciones ha sido el reconocimiento de la condición de autoridad pública del docente en el ejercicio de su función. “Esta exigencia, que en principio fue contestada desde diversos sectores de la comunidad educativa, no sólo es hoy es aceptada mayoritariamente, sino que el mismo Fiscal General del Estado acaba de resolver la consulta planteada por el Fiscal Superior de Andalucía y ha dado instrucciones a las fiscalías para que se consideren todas las agresiones, empleo de fuerza, intimidaciones o resistencia grave en las que la víctima sea un funcionario docente como atentado contra la autoridad pública”, apostillaron las citadas fuentes.

En este contexto, el sindicato considera que estas medidas constituyen “una garantía para los derechos de un colectivo que ha padecido una fuerte pérdida de autoridad y descrédito social en los últimos tiempos”, aunque “queda mucho aún para recuperar plenamente la autoridad del docente en el sentido profesional del término”. Por ello,  ANPE ha puesto en marcha una campaña para explicar que la autoridad del profesor es un elemento básico de la relación educativa y seguirá trabajando para transmitir a la sociedad “la importancia de reconocer también la autoridad moral, intrínseca a la dignidad de la tarea docente, y la autoridad académica, que tiene que ver con el respeto a la libertad de cátedra y a las decisiones académicas y con que los claustros de profesores recuperen las competencias técnico-profesionales”.

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