En el caso de la madre cordobesa procesada por abofetear a un docente, el fiscal considera que la acusada (cuya identidad corresponde a las iniciales F.G.D.), tras conocer la expulsión de su hijo, se dirigió al centro educativo situado en la barriada periférica de Alcolea, junto al hermano del menor, R.A.D.G., y en compañía de otras hermanas, y esperaron al profesor en los aparcamientos. Una vez que éste llegó a la zona de estacionamiento, los familiares del citado estudiante presuntamente comenzaron a increparlo y proferir amenazas del tipo “te vas a enterar” y “te vamos a matar”.

Posteriormente, según la calificación del Ministerio Público, siguieron al educador hasta el interior del instituto, donde lo rodearon y la imputada le asestó una fuerte bofetada en la cara. Además de un año y cuatro meses de cárcel, el fiscal pide un mes de multa con una cuota diaria de diez euros con 15 días de responsabilidad penal para R.A.D.G.

Por otra parte, los compañeros y alumnos del docente granadino atacado por un estudiante de 15 años se concentraron silenciosamente la semana pasada en apoyo a la víctima de tan deleznable suceso. La decisión fue aprobada por unanimidad en un claustro en el que se condenó la agresión sufrida por el funcionario, que imparte francés en el Instituto José Martín Recuerda de Motril.

Este nuevo caso de violencia escolar tuvo lugar durante el intercambio de clases, cuando el profesor, encontrándose de guardia, se topó en el pasillo con el adolescente, al que le instó a entrar en el aula. La respuesta del joven a la orden fue supuestamente golpearle con la mochila y propinarle varios puñetazos y patadas, mientras le insultaba, para posteriormente darse la fuga saltando la tapia del centro.

El hombre tuvo que ser traslado por sus compañeros a un centro sanitario de la localidad granadina, donde los médicos confirmaron los múltiples golpes que había recibido y que le provocaron varios hematomas y lesiones en un hombro. No es la primera vez, no obstante, que en este instituto sucede algo así. El año pasado, sin ir más lejos, otra educadora también fue víctima de la sinrazón.

En Motril habían pedido más vigilancia policial

La agresión al profesor de francés del José Martín Recuerda se ha producido exactamente un año después de que este instituto pidiera mayor vigilancia policial en sus aledaños, situado en la barriada marginal de Huerta Carrasco, según ha podido corroborar Andalucíaeduca. En aquella ocasión, los golpes recibidos por una docente no sólo le ocasionaron heridas físicas, sino que también le dejaron secuelas psicológicas de las que difícilmente logrará recuperarse.

Los hechos se produjeron cuando la educadora, al salir del instituto, tomó su coche y mientras circulaba por las inmediaciones del centro educativo, atropelló a un perro que se cruzó en su camino. Acto seguido, un grupo de personas se cebó con el vehículo y le propinó “una gran paliza”, según informó en su día ‘El Ideal’. “Le destrozaron los retrovisores, le rompieron la luna trasera, le tiraron del pelo, amorataron la cara y le lanzaron insultos y amenazas”, según relataba el rotativo.

Por aquel entonces, la directora del Martín Recuerda, Eloísa Parejo, denunciaba que la agresión “no es forma de aclarar un accidente”, mientras el claustro convocaba una concentración de repulsa a esta manifestación vandálica y en solidaridad con la docente. Además, se leyó un comunicado en el que se pedía un incremento de la vigilancia policial en la zona, mientras el Consejo Escolar se comprometía a solicitar una reunión urgente de la Junta Municipal de Seguridad.

Atentado contra funcionario público

También en Granada, la Fiscalía Provincial ha admitido la petición de USTEA para actuar de oficio contra una mujer que presuntamente agredió a una profesora y a la directora del colegio San José. Según informaron fuentes de esta organización, el Ministerio Público “ha resuelto formular denuncia penal por posible delito de atentado” tal y como se recoge en los artículos 550 y 551 del Código Penal, “referidos a intimidación, agresión o resistencia activa a un funcionario público que se halle ejecutando las funciones de su cargo”.

El sindicato considera de “gran importancia y trascendencia” dicha actuación, ya que “las infracciones por la vía penal tienen una mayor consecuencia, tanto en la propia investigación, procedimientos y proceso, como en las penas que se puedan derivar de ello”. Para el responsable de USTEA Granada, Joaquín Vega, “la fiscal jefe ha mostrado también una gran sensibilidad hacia esta lacra que estamos sufriendo los y las docentes con las agresiones por parte algún alumnado y algunos padres y madres, y viene a poner en su sitio la gravedad de estos hechos como posibles constitutivos de delito penal”.

A su entender, los protocolos administrativos y de apoyo al profesorado que la administración activa en estos casos “se están demostrando insuficientes, aunque sin duda necesarios”, y es por ello que “hay que actuar contundentemente y exigir las máximas responsabilidades a los agresores”, no sólo para evitar estos ataques, sino también para que dichas resoluciones sirvan para dignificar la tarea docente.

Asimismo, USTEA ha vuelto a solicitar a la Fiscalía Provincial que admita otra petición suya para que inicie un procedimiento similar con el caso del compañero del Instituto de Enseñanza Secundaria Martín Recuerda de Motril.