No obstante, los responsables gubernamentales están convencidos de que se trata de un proyecto “viable y absolutamente compatible” con los programas desarrollados en las distintas regiones en torno a las TIC, que será cofinanciado por el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas al 50 por ciento, “como la mayoría de los planes educativos” puestos en marcha hasta la fecha. Para ello, se firmarán convenios de colaboración, siguiendo el modelo de otras iniciativas de cooperación territorial, como el Plan Educa3, el PROA, y otros programas que se están llevando a cabo en el marco de la implantación de la LOE.
Desde esta perspectiva, la secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia avanzó que la Escuela 2.0 contempla cinco ejes de actuación: crear ‘aulas digitales’, que supone dotar de ordenador portátil al profesor, pizarra digital, proyector, carro para cargar los ordenadores y puntos de conexión a la red; facilitar la conectividad y el uso de internet en los domicilios de los alumnos en horarios concretos; asegurar la formación de los docentes; fomentar el acceso a materiales digitales educativos; e implicar a las familias en la adquisición y custodia de los recursos. Serán, en todo caso, las Comunidades Autónomas las que decidirán si la propiedad de los portátiles es de los centros o de las familias. En este último caso, los padres, madres o tutores del alumnado tendrán que asumir una parte del coste del ordenador, aunque el desembolso que tendrán que hacer será “simbólico” e, incluso, se pondrán en marcha ayudas específicas para las familias con menos recursos.
En cuanto a la conectividad a internet en los hogares de los estudiantes, Almunia aclaró que las compañías de telefonía tendrán que hacer “un esfuerzo” para establecer unas tarifas concretas para el sistema educativo, en un horario determinado (las tardes). “El programa trasciende al aula”, señaló la secretaria de Estado, para concluir que “se trata de un cambio metodológico en la enseñanza, donde el alumno tiene que seguir su trabajo en casa”.
Un proyecto que no convence a todos
“Queremos situar las Tecnologías de la Información y Comunicación al servicio de la innovación educativa y de la mejora de las formas de aprender y enseñar”, manifestó el ministro de Educación durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde aseguró que su departamento “garantizará la cohesión y la igualdad (de los alumnos) en el acceso” a estas herramientas y recursos, al tiempo que trabajará para impulsar la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas en la puesta en marcha del plan Escuela 2.0. En este sentido, Ángel Gabilondo matizó que la distribución de ordenadores “no es simplemente la incorporación de la tecnología, sino un proceso de modernización de la enseñanza”. Por consiguiente, se trata de “un proyecto integral para dotar de infraestructura tecnológica y conectividad básica a las aulas españolas”.
Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, pidió al titular del ramo que explique “qué informes del Centro de Investigación y Documentación Educativa avalan esta decisión” y recordó que el informe PISA puso de manifiesto que “el aumento del número de ordenadores en las aulas ha tenido efectos educativos negativos”. En concreto, aludió al hecho de que en los colegios holandeses e irlandeses en los que se ha puesto un ordenador más por cada 10 alumnos, el rendimiento medio ha descendido 15 puntos. “El problema no es la falta de equipos sino cómo se utilizan”, sentenció. Por todo ello, la diputada señaló que el programa “es una huida adelante para no asumir su responsabilidad ante el fracaso del modelo educativo” e indicó que, “antes de dar a los alumnos una calculadora, hay que enseñarles a sumar, restar y multiplicar”.
