El imputado presentó un recurso de apelación contra el fallo del juzgado de Instrucción número uno de Jaén, alegando error en la apreciación de la prueba. El docente mantiene que no está acreditado que zarandeara al alumno ni que le produjera el enrojecimiento y las marcas de dedos que se reflejan en el parte médico, al tiempo que argumenta que la pelea anterior entre los estudiantes “bien pudo producir esas lesiones”. No obstante, la Audiencia Provincial, al revisar el caso, ha coincidido con el juzgado en que “no hubo exclusivamente, como sostiene el recurrente, una simple sujeción física para evitar que se marchara el niño del centro” y, además, la declaración del menor es “contundente, expresiva y, sobre todo, concuerda sin duda con el parte de lesiones”. “Es claro -estima la sentencia- que para dejar marcas de los dedos en hombros y antebrazos y enrojecimiento de la zona se precisa una fuerza más intensa que la estrictamente necesaria para evitar que el niño se siente y no se ausente del centro como decía que iba a hacer”.

En cuanto a las declaraciones prestadas por otros profesionales del mismo colegio, en las que aseguraban que el denunciado tan sólo sujetó al pequeño para que se sentara, el tribunal afirma que “tales manifestaciones, suavizando los hechos, no explican cómo pudieron causarse esas marcas que indican una fuerza excesiva e innecesaria cuando se trata de un menor de diez años edad”.

La consejera aboga por “agotar antes otras vías”

Tras tener conocimiento de los hechos, la titular andaluza de Educación planteó la necesidad de “agotar antes muchas otras vías para no socavar la autoridad del profesorado”, pues recurrir directamente a los tribunales no siempre es la mejor forma de encarar los problemas de convivencia que se suscitan en los entornos escolares. Aunque dijo no tener nada que objetar a la sentencia, María del Mar Moreno reconoció públicamente la “profesionalidad y buen hacer” del docente, al tiempo que dejó claro que su departamento está en contra de cualquier tipo de violencia o maltrato hacia los niños, lo que no impide que se pueda abogar por que el profesorado tenga un “margen de confianza que no puede delimitar un juzgado”, sino que “debe delimitarlo el sentido común de los padres y de la comunidad educativa”.

“Los padres tienen en su mano reforzar la autoridad del profesorado o socavar y erosionar su autoridad; afortunadamente, la inmensa mayoría refuerza a diario el trabajo y la autoridad” de los docentes, “pero se producen casos excepcionales como éste que nos producen mal sabor y malestar, y que creo que hacen poco bien al sistema educativo”, admitió la consejera, quien incidió en que los profesionales de la enseñanza “merecen un margen de confianza”.

Zanjado el caso del aula usada como supuesto zulo

Por otra parte, la investigación abierta por la Junta de Andalucía para esclarecer si el centro de Educación Especial Jean Piaget utilizó un aula a modo de zulo para aislar a los alumnos con mal comportamiento ha concluido que este espacio se usó “de forma puntual” para el fin al que estaba destinado: que los niños se relajaran y siempre que los padres de los estudiantes estuvieran informados de ello. El Servicio de Inspección de la Delegación Provincial de Educación de Granada inició las pesquisas a raíz de la denuncia presentada por la AMPA del colegio, que estuvo motivada por el escrito que entregó una profesora a la Junta Directiva advirtiendo de la presencia de dicha instancia.

Al parecer, fue el propio equipo educativo el que solicitó en el curso 2007-2008 la necesidad de contar con un espacio para llevar a cabo la técnica de ‘tiempo fuera’, dirigida a superar estados graves de crisis garantizando la seguridad y el bienestar del alumno y de sus compañeros. Se trata de una sala luminosa, con luz exterior, abierta en su parte superior, con dos de sus paredes de madera y las otras dos protegidas. “No contiene mobiliario ni juguetes, por el fin al que está destinada, relajar, y por ello dispone de colchonetas y de rulos de goma espuma”, señala el informe del Servicio de Inspección, que añade que su uso se ha hecho de forma muy puntual y que los alumnos han estado acompañados siempre de personas adultas, mientras que sus padres han sido informados previamente de esta necesidad.

Asimismo, la Delegación asegura que los docentes del centro no comparten el planteamiento de la profesora que alertó a los progenitores de los estudiantes. Es más, lamenta que esta “precipitada” actuación haya causado un gran daño moral tanto a la escuela como a los profesionales que en ella trabajan. Por su parte, los padres retiraron la denuncia interpuesta ante los juzgados por este asunto y reconocieron que la presentaron sin haber visto previamente la citada aula de relajación.

La propia consejera acudió al colegio, ubicado en Ogíjares, donde mantuvo un encuentro con el profesorado y con las familias, y mostró su apoyo a los docentes de Educación Especial, “una de las profesiones más vocacionales”. Aprovechando su visita, Moreno se comprometió a acometer, para el año 2010, un plan de modernización del centro que suponga la mejora de sus instalaciones.