Tras la promulgación del Real Decreto, los ciudadanos que decidan obtener un reconocimiento oficial de su experiencia o formación deberán inscribirse en la convocatoria que realizarán conjuntamente los ministerios de Educación y de Trabajo para, posteriormente, participar en un proceso que se divide en tres fases: la de asesoramiento, la de evaluación y acreditación, y la de registro de la competencia profesional. Una vez dados todos estos pasos, los candidatos recibirán la orientación necesaria sobre las posibilidades para completar la formación que les lleve a conseguir un título de FP o un certificado de profesionalidad relacionado con esas competencias.

Las convocatorias para este año corresponderán a los perfiles de Educación Infantil y la Ley de Dependencia, “dos sectores que requieren demanda de personal cualificado”, según indicó la vicepresidenta. Para acreditar la experiencia laboral en dichos campos, se deberán justificar, al menos, tres años de trabajo, con un mínimo de dos mil horas computadas en total en la última década transcurrida antes de realizarse la evaluación. En el caso de la formación no reglada, habrá que acreditar, como mínimo, trescientas horas de cursos sin reconocimiento oficial en los últimos diez años. Para las unidades de competencia de nivel 1, se requerirán dos años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.

La aprobación del Real Decreto viene acompañada de un presupuesto de 3,5 millones de euros para 2009, que se destinarán a los siguientes fines: una convocatoria, con la que se pretende evaluar y acreditar las competencias de unas 8.000 personas; la elaboración de materiales específicos para cada una de las 26 familias profesionales; y la formación de cerca de 3.000 orientadores, evaluadores y asesores. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado diez reales decretos que incluyen 28 nuevos certificados de profesionalidad, acreditaciones de competencia que capacitan para el desarrollo de un trabajo y que se pueden obtener a través de formación o por procedimiento de evaluación y competencia adquiridas por la experiencia o vías no formales de formación.

El PP pide que no haya “distintas velocidades”

El portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, ha pedido al Gobierno que la aplicación del Real Decreto “no vaya a distintas velocidades” en las comunidades autónomas. Para el PP, es fundamental que el Estado haga un ejercicio de coordinación importante para que el procedimiento sea “homologable en toda España” y todo marche al mismo ritmo en las distintas regiones, algo que, según este partido, no ocurre con la FP de grado medio y grado superior. En cualquier caso, el diputado estima que la norma aprobada es “poco ambiciosa”, pues este año sólo se convocarán a unas 8.000 personas, “una cifra muy baja, si se tiene en cuenta que hay cuatro millones de parados”. Asimismo, el representante popular aclaró que este proceso de reconocimiento de la experiencia laboral no supone la obtención del título de FP por parte de los interesados, sino que convalida módulos o asignaturas.

En similares términos se ha pronunciado la Federación de Enseñanza de CCOO, que aunque ha valorado la aprobación de esta norma -pendiente de desarrollo desde hace siete años en la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional- lamenta que el texto no garantice la igualdad de oportunidades en todas las comunidades. Es más, para Comisiones Obreras, el Real Decreto consolida un modelo que permite el tratamiento diferenciado por el hecho de que una persona viva en una región u otra, con procedimientos que pueden variar aunque dentro de un marco mínimo común y con tasas que serán diferentes en función del lugar de residencia.

Quien sí ha valorado sin paliativos el documento ha sido el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Carlos López. “Lo esperábamos como agua de mayo”, afirmó. El sindicalista, que ha enmarcado esta reforma en “un debate dentro de la enseñanza post-obligatoria, sobre el Bachillerato y la FP”, sostiene que la nueva norma supondrá “un empuje fundamental para los alumnos que quieran volver al sistema de la educación reglada, para aquellos que lo tuvieron que dejar para incorporarse al mercado laboral pero que quieren recuperar sus estudios”.