“El profesorado sufre cada vez más el incremento desproporcionado del papeleo, la burocratización y la dedicación horaria sin contraprestaciones de ningún tipo”, aseguran fuentes sindicales que se quejan de “la pérdida de poder de decisión de los claustros y la cada vez mayor intromisión, en temas técnicos, de otros miembros de la comunidad educativa”, a lo que hay que sumar “la asignación de tareas y responsabilidades que no le corresponden” a los profesionales de la enseñanza.

Pero eso no es todo. CSI-F también denuncia “la falta de voluntad” de la consejería para poner en marcha aspectos referentes a los docentes recogidos en la Ley de Educación de Andalucía o en acuerdos sindicales, y “compromisos como la promoción profesional, el establecimiento de medidas para la valoración social del profesorado, la convocatoria de acceso a Cátedra” o “la emisión del carné del profesor”, que “permite acceder a los museos y hacer uso de los materiales de las bibliotecas”; sin olvidar “la negativa a negociar cuestiones de mejora para la conciliación de la vida familiar y laboral como el ‘concursillo’ (implantado ya en bastantes comunidades)”.

Tras calificar de “errática” la política educativa y de personal que se está desarrollando en nuestra región, CSI-F lamenta que la consejería filtre, de forma interesada, documentos a colectivos y organizaciones, y acometa otras prácticas, como “la publicación extemporánea de borradores, el abuso de la página web como instrumento de lucha sindical”, etcétera, lo que “devalúa la Mesa Sectorial, minorando la capacidad de decisión de los sindicatos”, algo que “condiciona, entorpece e incluso anula una verdadera negociación, teniendo resultados negativos para la consecución de las reivindicaciones del profesorado”.

“En una comunidad donde el abandono y el fracaso escolar están por encima del 30 por ciento, la administración se dedica a generar conflictos y enfrentamientos entre los distintos colectivos y a poner en tela de juicio la profesionalidad” de los docentes, “en lugar de preocuparse por temas fundamentales”, aducen las citadas fuentes, al tiempo que exigen que no se legisle a espaldas del profesorado y que se sitúe la mejora de sus condiciones de trabajo como prioridad para este curso.