Durante la visita a unas obras que se están ejecutando en Córdoba, el presidente andaluz abogó por que sean los propios centros educativos los que instauren una adecuada política disciplinaria a través de sus respectivos reglamentos, cuyas pautas deberán cumplirse “estrictamente”. En este sentido, Griñán indicó que “los alumnos que no se incorporen con ganas de estudiar y perjudiquen el normal funcionamiento de un curso, tendrán que sufrir el peso de la aplicación del reglamento”. “Creo que educar -apostilló- es educar en libertad, y libertad significa responsabilidad”.
Frente a este posicionamiento, ANPE-Andalucía ha exigido a la Junta la promulgación de una ley que regule la consideración del docente como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, pues el desarrollo de normas “que posibiliten la aplicación de medidas correctivas que den adecuada respuesta al problema social de la violencia en el ámbito escolar es una asignatura pendiente de los gobiernos autonómico y estatal”. A juicio de su presidente, Francisco Padilla, “difícilmente podremos llegar a un consenso en la convergencia por la educación, mientras el Ejecutivo andaluz mantenga la premisa de que la autoridad no es materia legislativa”, contradiciendo así “las recomendaciones del Fiscal General de considerar las agresiones al profesorado como delito”.
“Remitir el problema de los ataques a la integridad física y moral de los docentes a los reglamentos disciplinarios de los centros es una frivolidad y una respuesta inútil, puesto que los autores de la mayoría de estos ataques no son alumnos, sometidos a ese régimen disciplinario, sino familiares y allegados de estos, que sólo pueden ser sancionados por la autoridad competente, para lo que es necesario un marco legal que consolide de una vez por todas la consideración de delito para toda agresión a un docente en el ejercicio de sus funciones”, añade el dirigente sindical.
A favor y en contra
Mientras tanto, asociaciones, entidades de las más diversas índoles y representantes institucionales continúan pronunciándose en torno a la Ley de Autoridad del Profesor que prepara la Comunidad de Madrid, una iniciativa que, según el Defensor del Pueblo, es buena pero que va “mal encaminada”, al no haber surgido de un consenso nacional. Tras insistir en la necesidad de devolver el prestigio a la profesión docente, Enrique Mújica pidió abrir un debate que incluya a los “partidos políticos, sindicatos, profesores, padres e incluso alumnos”, para alcanzar una medida consensuada.
Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en la comisión de Educación de la Asamblea de Madrid calificó de “ocurrencia” la decisión de Esperanza Aguirre de instalar tarimas en las aulas para que el profesor pueda tener una visión global de la clase, al tiempo que acusó a la Comunidad de frivolizar con este asunto. “Hay que disminuir el número de alumnos por aulas, ampliar plantillas, potenciar las tutorías, reforzar los equipos de orientación y poner en marcha de manera inmediata un plan de medidas urgentes para el éxito escolar”, destacó la diputada regional Eulalia Vaquero, quien afirmó que “considerar que la instalación de tarimas soluciona los problemas de convivencia es una idea peregrina motivada por el desconocimiento o por quien sólo busca un titular en los medios para desviar la atención de las auténticas necesidades de la educación”.
El Partido Popular, no obstante, planteará que se incluya la medida para dar autoridad a los profesores defendida por la presidenta madrileña en la reforma educativa propuesta por esta formación. Según explicó su secretaria general, María Dolores de Cospedal, dicha reforma tendría que recuperar los valores del respeto a los docentes y el valor de la cultura del esfuerzo y, por tanto, “considerar al profesorado como un autoridad es un gran acierto que ha tenido Esperanza Aguirre y debería estar incluido en el nuevo modelo educativo; desde luego, así lo vamos a proponer nosotros”.
