En términos absolutos, a lo largo del año académico 2008/09 se trató de dar respuesta a 3.569 casos en toda España, según datos aportados a Andalucíaeduca por el citado sindicato, que exige que se emprendan cambios en las normativas de convivencia escolar que dispongan los medios legales necesarios para que los profesionales de la enseñanza recuperen el control de la disciplina en clase y se les devuelva la autoridad en el aula.

En cuanto a las consultas atendidas por el Defensor del Profesor en esta región, el mayor número de llamadas tuvieron su origen en Sevilla (44), seguida de Jaén (33), Córdoba (31), Málaga (30), Cádiz (24), Granada (15), Huelva (13) y Almería (10). Por niveles educativos, la mayor parte de las denuncias se correspondieron con Educación Secundaria, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Bachillerato (56%). Casi cuatro de cada diez provinieron de profesionales que trabajan en Primaria e Infantil, mientras que el resto de casos estuvieron protagonizados por docentes de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. De los 200 profesores a los que se les prestó ayuda, 122 estaban afectados por conflictos con los alumnos; 59 tuvieron problemas con familiares y allegados de los estudiantes; y 19, con sus propios compañeros o con la administración pública.

Con respecto a la conflictividad relacionada con los discentes, en 115 de los casos se produjo violencia psicológica contra el profesor, manifestada en diversos grados (insultos, amenazas, acoso, daños en material o propiedades, etcétera). En los siete casos restantes, "la violencia llegó a manifestarse a través de agresiones físicas", según apuntaron fuentes de ANPE, que añadieron que otros 23 docentes denunciaron haber recibido presiones por parte de familiares y conocidos de los estudiantes para cambiar decisiones académicas, que se tradujeron en denuncias, episodios de acoso, amenazas e, incluso, en agresiones físicas, en ciertas ocasiones.

"Observamos con preocupación que, a pesar de la puesta en marcha de medidas por parte de la Consejería de Educación (Decreto para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia, creación del Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía, regulación de la Asistencia Jurídica al personal docente, establecimiento de protocolos de actuación ante supuestos de acoso, maltrato infantil y agresión...) y de las iniciativas de la Fiscalía, la violencia contra el profesorado permanece enquistada en el sistema educativo", manifestaron las citadas fuentes, al tiempo que recordaron las estadísticas publicadas recientemente por el departamento que dirige Mar Moreno, en las que se constata la comisión de más de 33.000 “conductas gravemente perjudiciales para la convivencia”, protagonizadas por alumnos de centros públicos y privados-concertados de nuestra comunidad a lo largo del curso 2008/09.

Reflejo de la sociedad

Según este sindicato, la escuela "no es un mero reflejo de la sociedad; es también, y sobre todo, el laboratorio donde se va creando la sociedad del futuro que debe ser más capacitada, más justa, más democrática y más solidaria que la actual. Por ello, el pacto por la convergencia educativa en Andalucía puede ser también el contexto privilegiado en el que la sociedad andaluza haga una apuesta firme por la mejora de la convivencia en los centros educativos".

Desde esta misma perspectiva, ANPE propone que dicho pacto contemple, entre otras medidas que pueden favorecer la progresiva erradicación de la lacra de la violencia escolar, en general, y la violencia contra el profesorado en particular, las siguientes: instar a todos los estamentos sociales a arbitrar las medidas que faciliten la interacción entre familia y escuela (conciliación de horarios, permisos para resolver asuntos escolares, etcétera); exigir a los medios de comunicación social que asuman sus responsabilidades educativas y que reflexionen sobre los modelos de conducta que presentan y sancionan; alcanzar un compromiso de esfuerzo dotacional en medios y recursos humanos de apoyo a los centros educativos; establecer una formación específica para la resolución de conflictos para el profesorado; y  reconocer la figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función.

Ya en el ámbito estatal, el Defensor del Profesor atendió a más de 3.500 docentes el año pasado, de los cuales, el 45 por ciento presentaba cuadros de ansiedad, el 20 por ciento síntomas de depresión, mientras que el 14 por ciento se vio obligado a coger la baja laboral, víctima de problemas en el aula. Los trastornos más habituales fueron las dificultades para impartir clase (40 por ciento), los episodios de acoso y amenazas por parte de los estudiantes (17 por ciento), las denuncias de los padres y madres (24 por ciento), la coacción ejercida por los progenitores (15 por ciento), las agresiones del alumnado (8 por ciento) y las grabaciones, fotografías y difamaciones por internet (6 por ciento).

Colegios e institutos, un "entorno hostil"

FETE-UGT ha reclamado que se mantenga la jubilación anticipada y voluntaria del colectivo docente porque la escuela, según esta federación, se está convirtiendo "cada vez más" en un "entorno hostil en donde las situaciones de violencia física o psicológica son cada vez más frecuentes" debido a "la indisciplina en las aulas, la gran diversidad del alumnado, la poca valoración social de la docencia o la delegación de responsabilidades tradicionalmente propias de la familia".

El profesorado es "uno de los principales afectados por trastornos de origen psicosocial como son el estrés, la depresión, la fatiga psíquica o el 'síndrome del quemado', conocido como 'Burnout'", apuntaron fuentes sindicales que consideran "muy preocupante" esta situación, puesto que cada vez son "más frecuentes" los casos de insatisfacción personal, absentismo laboral, bajas por depresión y peticiones de jubilación anticipada por parte de los trabajadores de la enseñanza.

Según un estudio realizado por FETE-UGT entre más de 1.200 profesores de toda España, se concluye que casi el 40 por ciento de los docentes sufre altos porcentajes de estrés, "muy superiores en cualquier caso a los de otros sectores profesionales" por lo que abogó por mantener la jubilación anticipada para "favorecer" la incorporación de docentes más jóvenes y "adaptados a nuevos retos a los que hacer frente", propiciar la creación de empleo y homologarse con Europa.

Por todo ello, la mentada organización estima que el Estatuto Docente debe incluir la consolidación del actual sistema de jubilación anticipada, voluntaria e incentivada de los docentes a los 60 años por lo que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas y ha convocado concentraciones en las Consejerías de Educación para hacer llegar al Ministerio de Educación la "necesidad" de mantener la jubilación LOE.