A finales del presente curso, la consejería realizará una evaluación de la implantación del plan, de modo que para el mes de septiembre se puedan emprender ciertas modificaciones, con las que se contente a la mayoría de los profesionales del ramo y a los sindicatos. La idea es incrementar sustancialmente el número de centros adheridos al programa, que, en la actualidad, no superan el 48 por ciento de todos los existentes en la región (1.662 colegios e institutos en términos absolutos).
CSI-F fue una de las organizaciones que se opusieron a la medida por entender que “no es lo que necesitan los centros para mejorar la calidad de la enseñanza” y por considerarla “negativa para el profesorado”. Exigió su retirada, llegando a recurrir a los tribunales para fuera suspendida cautelarmente la orden que regula estos incentivos. “Ahora la Consejería de Educación, tras tres convocatorias, viene a reconocer el fracaso que esta medida ha tenido en los IES”, declararon a Andalucíaeduca fuentes sindicales, que incidieron en el bajo porcentaje de colegios e institutos adheridos al plan “si tenemos en cuenta la ‘golosina’ que puede significar la percepción de un total de 7.000 euros” por parte de los maestros y profesores cuyos centros se acojan al programa.
“CSI-F, independientemente de su rechazo a la orden, ha sido respetuoso con la decisión voluntaria que han adaptado los distintos claustros; pero los datos dicen bastante a favor del profesorado que entiende que hay problemas graves que resolver en el sistema educativo: sustituciones, plantillas, recursos, etcétera, y que el programa de calidad como está planteado no es el mejor sistema para superar el alto índice de fracaso escolar y de abandono prematuro”, apostillaron desde el sindicato.
A juicio de esta organización, la mentada medida ha sido “un craso error” de la consejería “por su planteamiento, por su contenido y por cómo se ha llevado a cabo”, pues “la mejora de la calidad del sistema educativo de Andalucía no puede basarse en un programa que depende de la voluntariedad de los claustros o de quien sea. El derecho a la educación, y la igualdad, de los ciudadanos que propugna nuestra Constitución deben garantizarse con medidas que afecten a todos y cada uno de los centros y a todos y cada uno de los alumnos”.
CCOO pide generalizar el programa
Una visión muy distinta es la que tiene Comisiones Obreras, que asegura que el programa de calidad incentiva al profesorado que mejora los resultados académicos de sus escolares a través de la evaluación de las prácticas docentes teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la satisfacción de las familias, la implicación del centro en proyectos educativos o la participación del alumnado en actividades extraescolares. No obstante, para CCCO, el plan debe experimentar cambios que permitan su generalización en todas las escuelas andaluzas, y dotarlas de los recursos suficientes para su aplicación.
El Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en Andalucía, iniciado en el curso escolar 2007-08, se encuentra actualmente instaurado en 1.662 centros escolares andaluces de los aproximadamente 2.800 en los que se ha convocado al claustro para someterlo a votación. De ellos, 169 son de Almería, 240 de Cádiz, 107 de Córdoba, 270 de Granada, 86 de Huelva, 144 de Jaén, 336 de Málaga y 304 de Sevilla.
Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, la mayoría de los profesionales andaluces de la enseñanza “se ha manifestado a favor de aplicar este programa. Más de 40.000 docentes han dicho que ‘sí’, sobre un censo de 66.000 que han votado. Si bien, no se ha podido llevar a cabo de manera generalizada en todos los centros escolares porque se requería para su aprobación de al menos dos tercios del profesorado” del colegio o instituto. “Este requerimiento -arguye José Blanco- ha ocasionado que en muchos centros una minoría del profesorado se haya impuesto a la mayoría, algo que tiene poco sentido”.
Comisiones Obreras ha asegurado, además, que este programa se encuentra dentro de un acuerdo sindical suscrito por las organizaciones presentes de la Mesa Sectorial de Educación (aunque no todas) para el desarrollo de la Ley de Educación de Andalucía, y que conlleva para su aplicación la dotación de profesorado para permitir realizar labores de refuerzo educativo, reducción del número de estudiantes por aula o formar grupos más pequeños de escolares en las asignaturas instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés.
