Hasta el mes de diciembre, los delegados policiales organizaron más de 3.000 encuentros con personal docente, asociaciones de padres y madres, y con el alumnado para abordar los problemas que mayor preocupación suscitan entre la comunidad educativa y buscar al mismo tiempo soluciones a tales situaciones. En este tiempo, además, se efectuaron cerca de trescientas actividades complementarias y fueron activados más de 35.700 dispositivos específicos de vigilancia, sobre todo centrados en las horas de entrada y salida de los estudiantes a los colegios e institutos.

Según informaron fuentes del Gobierno central, el Plan Director (al que se han adherido, en los tres primeros meses del curso, un total de 2.822 centros docentes) tiene como meta la creación de “un ambiente de convivencia, respeto y seguridad en el que los menores puedan formarse y socializarse adecuadamente”. Para ello, las escuelas disponen de un enlace policial, denominado ‘delegado de participación ciudadana’, al que cualquier miembro de la comunidad educativa puede recurrir si detecta la existencia de casos de acoso, vandalismo, robos, hurtos o agresiones, la presencia de bandas violentas, consumo y tráfico de estupefacientes, o si es testigo de abusos o agresiones sexuales, maltrato familiar o comportamientos racistas.

Dicho programa, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Interior y el de Educación, facilita a niños y adolescentes toda la información necesaria para prevenir conductas antisociales, al tiempo que garantiza la seguridad en los centros y en sus inmediaciones. Asimismo, los expertos policiales refuerzan la confianza de los menores en los agentes, con el fin de fomentar la denuncia de hechos conflictivos. Este año, el Ministerio de Igualdad se ha unido al acuerdo con el compromiso de colaborar concretamente en todos los aspectos relacionados con la prevención de comportamientos proclives a la violencia de género. De este modo, se quiere impulsar la tolerancia cero hacia estas detestables conductas en colegios e institutos. Y es que, según los datos del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, ocho de cada diez alumnos de Educación Secundaria rechaza este tipo de actitudes de las que son víctimas un 3,8 por ciento de los estudiantes.

Tráfico de drogas

También en 2006 se implantó el ‘Plan Estratégico de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en centros escolares y sus entornos’, una iniciativa que, hasta el momento, ha permitido desactivar 276 puntos de venta de sustancias ilegales y detener a 415 personas por traficar en los colegios y sus proximidades, en las quince fases desarrolladas. Las cifras que baraja el Gobierno apuntan a que el consumo de consumo de cocaína y éxtasis entre los jóvenes españoles se ha situado en los niveles más bajos desde 1996.