Otras medidas aprobadas por la Cámara regional se refieren al reconocimiento profesional y el fomento de la motivación del profesorado por parte de las autoridades y la inspección educativa, y el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad; y a que el alumnado asuma su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo.

En la misma línea, la iniciativa apuesta por otorgar a los docentes de los centros públicos la presunción de legitimidad ante la administración en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas; la reprobación ante el Consejo Escolar correspondiente de las personas que causen daños, injurias u ofensa contra los profesionales de la enseñanza; y la asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado por hechos que se deriven de su cometido. 

Pese a compartir “buena parte de las medidas” planteadas por los socialistas, el Partido Popular cree que éstas son, a todas luces, insuficientes. El diputado del PP-A Santiago Pérez criticó que la Junta aún no haya desarrollado acciones en apoyo a la autoridad del profesorado pese a estar previstas en la Ley de Educación de Andalucía (LEA) y lamentó que la actitud de la Consejería haya sido “minimizar” los casos de agresiones en el ámbito educativo.

Una norma no basta

El Defensor del Pueblo Andaluz, por su parte, advirtió de que “no basta con una norma para reconocer la autoridad del profesorado si la sociedad no lo apoya también”. “Muchas veces no es tan importante este tipo de iniciativas como que la sociedad respalde” a los docentes, apostilló José Chamizo, quien considera fundamental que la ciudadanía entienda el trabajo que hacen los educadores como algo “imprescindible para la convivencia y el desarrollo de los menores”. Es entonces, en su opinión, cuando los profesionales de la enseñanza “se revisten de autoridad y de prestigio”.