Por todo ello, FETE-UGT ha pedido a la Consejería de Educación que modifique el plan en los términos que recoge el TSJA, “sin que ello suponga ningún perjuicio” para los profesionales que ya están implicados en él y “sin que se modifiquen los principios que en su día dirigieron la elaboración de dicho programa y que son, básicamente, hacer un mayor hincapié en el trabajo en equipo en torno a objetivos concretos determinados por el propio profesorado del centro”.

Por su parte, Comisiones Obreras ha solicitado que la modificación de la normativa “no altere ninguno de los principios por los que el programa se desarrolla en los centros”. Fuentes de la Federación de Enseñanza de CCOO explicaron que la sentencia del alto tribunal incide en dos aspectos básicos: uno, en los rendimientos escolares; y otro, en la decisión de la puesta en marcha del proyecto. “En la orden que hasta ahora regulaba el programa se recoge que los indicadores de calidad deben ser extensos tanto a los rendimientos del alumnado como al grado de satisfacción de las familias, pasando por el cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro. La sentencia anula todos estos criterios y se basa sólo en el éxito escolar. O sea, volvemos a caer en el defecto de que la calidad se cuantifique por el número de aprobados y no por el proyecto educativo del centro”, señalaron desde este sindicato.

En lo que se refiere a la decisión de la aprobación del proyecto, mientras que la orden obligaba a que fuesen dos tercios del claustro de profesorado los necesarios para dar el visto bueno a la adhesión, la sentencia argumenta que es el Consejo Escolar el que debe aprobar esta decisión. “Ello -según fuentes sindicales- quiere decir que se minimiza, cuando no se anula el papel de los docentes, verdaderos artífices y soporte de este proyecto”.

En opinión de FE-CCOO, “choca que USTEA, supuestamente abanderada en los últimos tiempos en la defensa de los claustros de profesores con motivo de la aprobación de los nuevos Reglamentos Orgánicos de Centros, haya propiciado una situación en que se menoscaba la autonomía de estos, con el agravante consecuente de que decenas de miles de profesores andaluces dejen de percibir los incentivos por las tareas desarrolladas hasta ahora en cumplimiento de un proyecto serio, consecuente y muy mayoritariamente aprobado. Flaco favor ha hecho al reconocimiento de la labor docente”.

Desde esta perspectiva, Comisiones Obreras ha exigido responsabilidad a USTEA, que interpuso el recurso contencioso-administrativo “por el que se ha dictado una sentencia que llevaría a que el profesorado deje de percibir unas retribuciones que se ha ganado con su esfuerzo. En unos momentos de graves recortes salariales, sólo faltaba la guinda de colaborar, en una apuesta de irresponsabilidad flagrante, con una política antisocial y antisindical que a tantos indigna”.

“Razón a la cordura”

Para la portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, la sentencia del TSJA da la “razón a la cordura y la legalidad” y acaba con la intención de la Junta de incrementar, no el nivel de aprendizaje de los alumnos, sino simplemente “el número de aprobados”, llegando a “sobornar” a los profesores con un incentivo. A su juicio, el Programa de Calidad suponía “pervertir” la LEA, además de ser “mal plan”,  porque no servía para luchar contra el fracaso escolar, sino sólo para “aumentar el número de estudiantes con buenas notas, sin saber”. O dicho de otra forma: “maquillar las cifras de aprobados”.

Tras criticar que “la educación no es una prioridad” para el Gobierno de José Antonio Griñán, la representante del Partido Popular, denunció que para este año y el próximo se prevé un recorte de 363 millones de euros en políticas educativas, de los que 200 millones afectan a la LEA.

“Ataque a la profesionalidad”

Tampoco se han mordido la lengua los responsables de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, al recordar que “el plan ideado por la consejería para maquillar el estrepitoso fracaso de su política educativa, haciendo uso de prácticas poco recomendables, contó desde un inicio con la oposición mayoritaria de los profesores de Secundaria, que vieron en dicho ofrecimiento un ataque frontal a su profesionalidad y un intento mal disimulado de responsabilizarles de sus desmanes (los de la consejería, se entiende). De otra forma, es imposible explicar el hecho insólito en el panorama laboral español (e incluso planetario), de que ante la expectativa de cobrar 7.000 euros en cuatro años, los docentes huyeran en masa, despavoridos”.

Asimismo, APIA ha criticado el hecho de que el titular del ramo, Francisco Álvarez de la Chica, haya anunciado que recurrirá la sentencia del TSJA, “en un intento de alargar todo lo posible el procedimiento hasta dejarla sin efecto, si es posible; haciendo un uso algo más que dudoso del dinero público”.

Esta entidad, no obstante, ha ido más allá, y ha exigido públicamente la dimisión del actual viceconsejero de Educación, “que, en su breve y transitoria condición de consejero (allá por febrero de 2008), estampó su firma en la orden infame, hoy anulada por el alto tribunal andaluz”. Además, APIA ha pedido “la devolución inmediata de los haberes ilegalmente percibidos por quienes se sumaron a semejante proyecto, incluida la mordida de 600 euros que fue cobrada al inicio por muchos profesores sin necesidad de acreditar logro alguno (una parte significativa de los cuales estaba de paso y se limitó a coger el dinero y largarse), únicamente por mostrar su adhesión al citado programa”.

La asociación también ve oportuno la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía, “en orden a dilucidar si se ha podido producir malversación de caudales públicos, como consecuencia de la puesta en práctica del Programa de Calidad”; la anulación inmediata de la resolución de la consejería que, “discriminando a los centros no adscritos, procedió a distribuir los recursos materiales y humanos, favoreciendo descaradamente a los denominados centros ‘de calidad’, en un intento diáfano de castigar la desobediencia de la mayor parte de los institutos de Secundaria”; y la suspensión de la base que regula la adjudicación de destinos provisionales para el curso 2010-2011, “que concede permanencia a los profesores sin destino definitivo” en los mencionados centros ‘de calidad’, como consecuencia de su adscripción a dicho plan.