El suceso tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, cuando el imputado se personó en un instituto de Enseñanza Secundaria de Montoro con la intención de recriminar al docente por el trato que, según decía, dispensaba a su hijo, después de que el menor hubiera sido apercibido por su mala conducta. En concreto, el acusado accedió al despacho del denunciante y, una vez allí, comenzó a insultarle, llamándole “mierda, embustero, racista y arbitrario”, según una noticia publicada por el Diario de Córdoba, en la que se asegura que el padre del estudiante intentó “amedrentar al profesor con el puño en alto y amenazándole con darle una paliza”.

Al parecer, la discusión continuó en los pasillos del centro educativo, ante la presencia de otros educadores y diversos alumnos, algunos de los cuales podrían haber presenciado cómo el presunto agresor, “con gran virulencia, se abalanzó sobre el docente y lanzó el puño contra su cara, sin llegar a golpearle”, dado que “contuvo el golpe con su brazo, interponiéndose además entre ambos varios profesores”, según se desprende de la calificación provisional del fiscal.

Fueron los otros docentes allí presentes quienes sacaron a I.C.S. del instituto, desde donde el procesado, sin abandonar su agresiva actitud, continuó profiriendo amenazas contra la víctima, diciéndole: “Ya te cogeré en la calle, voy a hacer que te echen del instituto”. El denunciante, por su parte, sufrió una crisis de ansiedad por la que tuvo que ser atendido en el centro de salud de la citada localidad cordobesa, un cuadro del que ha tardado quince días en recuperarse.

Los hechos se desencadenaron después de que el hijo del supuesto agresor, estudiante de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, fuera apercibido por su conducta incorrecta, dándose “a la fuga del colegio, saltando una valla y sin permiso”. El padre, en desacuerdo con la posición adoptada por el profesor, estimó que la reacción del docente se debió a una actitud racista, lo que le hizo perder los estribos, una respuesta violenta que ahora podría salirle muy cara.

¿Cómo puede contribuir la Justicia a erradicar esta lacra?

Desgraciadamente, el de Montoro no es, ni mucho menos, un caso aislado. Recientemente se celebraba otro juicio en Madrid por una maestra de Educación Infantil que fue supuestamente agredida por una madre. Tras denunciar los hechos ante la Policía, adjuntar un parte de lesiones y presentar posteriormente una demanda por la vía penal, se celebró la vista, en el transcurso de la cual la abogada de la docente solicitó que el ataque fuera considerado como delito y no como falta, petición a la que accedieron tanto el fiscal como el juez encargado de instruir la causa, si bien decidieron aplazar el juicio al considerar los hechos como delito contra la autoridad pública. Precisamente esto es lo que piden algunos sindicatos, como CSI-CSIF Enseñanza, que reclaman que se tipifique como delito las agresiones a profesores, teniendo en cuenta “la importancia social de las funciones que ejercen los docentes”.

¿Existe algún servicio de apoyo a las víctimas de las agresiones?

El sindicato ANPE puso en marcha hace tres años la figura del Defensor del Profesor, una iniciativa pionera para la asistencia inmediata a docentes víctimas de situaciones de conflictividad en las aulas, como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención a la sociedad sobre el problema de la violencia escolar. Se trata de un servicio gratuito que consta de un teléfono de ayuda atendido por un equipo de psicólogos ininterrumpidamente y, si la situación lo requiere, del respaldo administrativo y profesional que la infraestructura sindical pueda prestar, y del asesoramiento del servicio jurídico de la organización en los casos en que es necesario.  Para favorecer la operatividad y atención personalizada, está implantado a nivel autonómico y aspira a convertirse en un observatorio sobre el tema de la violencia escolar y sus implicaciones para la situación del profesorado.

¿Cómo deben actuar los centros docentes ante episodios violentos?

El Decreto 19/2007, de 23 de enero, que establece un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia escolar, recoge en un artículo 34 que la administración educativa determinará los protocolos de actuación e intervención de los centros educativos para los supuestos de agresiones que los trabajadores de los colegios e institutos andaluces pudieran sufrir en el desarrollo de sus funciones, así como para los casos de maltrato, discriminación o agresiones que el alumnado pudiera padecer, garantizando su seguridad y protección, así como la continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones. De este modo, la forma en la que deben actuar los centros cuando se produzca un episodio violento viene contemplada en la Resolución de 26 de septiembre de 2007. Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación (LOE) incluye el desarrollo de un Plan de Mejora de la Convivencia Escolar.

► Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos de Andalucía.

► Protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos de acoso, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y servicios, o maltrato infantil.

► Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.