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El presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se reduce un 21,2%, hasta los 3.088 millones

01/04/2012 - J.H.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contará con 3.088 millones de euros para 2012, lo que supondrá una reducción del 21,2 por ciento, según el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros. La partida que soportará un mayor descenso respecto a las previsiones del pasado ejercicio será la correspondiente a la de transferencias a las comunidades autónomas, que pasará de 1.503 a 972 millones, rebajándose el montante en algo más de una tercera parte. Este recorte excluye los 530 millones en becas. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, argumentó que “estamos en una situación crítica” que obliga al Gobierno a practicar un “ajuste muy duro” para poder cumplir el “objetivo ineludible” de reducir el déficit público hasta situarlo en el 5,3 por ciento del PIB marcado por la Unión Europea.




En conjunto, los PGE para 2012 serán los más austeros de la democracia, con una rebaja de 27.300 millones, que se traducirá en “renunciar a muchos programas de gasto”, según explicó Montoro. Además, se congelará el sueldo de los funcionarios y se incrementará el impuesto de sociedades, pero no se subirá el IVA, precisó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien indicó que se mantendrán la actualización de las pensiones, así como las partidas destinadas a las prestaciones por desempleo y otras relativas a política social.

En el caso concreto del departamento que dirige José Ignacio Wert, la reducción (que no afectará al programa de becas) será de 830 millones de euros. El presupuesto del Ministerio de Cooperación, por su parte, sufrirá un recorte del 50 por ciento, mientras que el de Sanidad experimentará una bajada del 13,7 y del 34 por ciento el de Fomento. Tampoco se libran del ‘tijeretazo’ Agricultura, con un descenso del 31 por ciento, Industria (31,9), Hacienda (22,9), Economía (19), Defensa (8,8), Presidencia (4), Interior (4,3) y Justicia (6,3).

Frente a estos recortes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha anunciado una amnistía fiscal para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país, que sólo tendrá que pagar un “gravamen especial” del 8 o el 10 por ciento, quedando exonerado de cualquier penalización o sanción, y por la que el Ejecutivo espera recaudar 2.500 millones. De esta manera, los contribuyentes que así lo deseen y afloren el capital oculto quedarán regularizados a cambio de pagar dicho “gravamen”, un procedimiento que, según Montoro, recomienda la OCDE en países con especiales dificultades económicas y que ha funcionado en otros estados de Europa.

En el terreno de la Justicia se ajustarán las tasas que “se pagan por los litigantes a lo que son los costes del servicio”, excluido el ámbito de la jurisdiccional penal. Por consiguiente, se instaurará el copago, sobre todo en el ámbito de la segunda instancia. Asimismo, subirá la tarifa eléctrica de último recurso y la factura del gas, así como el IRPF.

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