Este planteamiento ha sido duramente criticado por el Grupo Socialista en la Cámara Baja, cuya portavoz interpretó que con este tipo de recortes se “está cerrando la puerta de la universidad pública tal y como la conocemos”. Tras recordar que el PSOE ya pronosticó que el incremento de las tasas iría acompañado de una rebaja de las becas, Soraya Rodríguez lamentó que el Gobierno esté “cambiando el modelo y poniendo las bases de un sistema con el que mucha gente de su generación no hubiese llegado a donde está ahora”. “Yo soy hija de trabajadores, de un obrero y de una carnicera -dijo-, y nunca podría haber ido a la universidad si mis padres hubieran tenido que pagar unas tasas como las que van a tener que abonar a partir de octubre muchos trabajadores en este país”. En su opinión, dichas reformas “tienen mucho que ver con la ideología y poco con la economía”, puesto que “no vamos a afrontar los problemas de recesión de España haciendo que los hijos de una familia sufre el problema del paro no puedan acceder” a la enseñanza superior al no poder afrontar los costes de matriculación.
Por su parte, Gaspar Llamazares calificó de “inaceptable” una subida de la nota de corte para poder obtener una beca de estudio, al tratarse de una iniciativa que afectaría particularmente a los jóvenes pertenecientes a clases menos favorecidas. “Es la ley del embudo, donde el esfuerzo es para los de abajo y los de arriba se pagan lo que quieren”, apostilló el diputado de Izquierda Unida.
Pese a las críticas, el ministro de Educación, Cultura y Deportes ha dejado claro que su objetivo es que “nadie que tenga el talento, la capacidad y las ganas de estudiar en cualquier nivel se tenga que quedar sin poder hacerlo por consideraciones económicas”. Durante su participación en la clausura del VI Congreso Nacional del Sector de Enseñanza de CSI-F celebrado en Zaragoza, donde fue recibido con abucheos por un grupo de jóvenes, José Ignacio Wert, negó que se vayan a reducir las becas universitarias y consideró “un argumento de combate” sostener que muchos estudiantes verían dificultado su acceso a la enseñanza superior por la subida de tasas, al tiempo que aseveró que se establecerá una línea de créditos ICO para el alumnado.
“Exigir un mínimo de rendimiento”
El ministro insistió en que no se han cambiado los umbrales de renta para obtener ayudas al estudio “y tampoco se ha modificado la cobertura” de éstas “respecto de las tasas que se pagan”, por lo que “el estudiante que tenía derecho a una beca antes de estas medidas, va a seguir teniendo el mismo derecho”. El titular del ramo se refirió también al requisito de alcanzar una nota mínima para gozar de tales beneficios remarcando que esta iniciativa se orienta “a exigir un mínimo de rendimiento, porque es un máximo de contribución el que la sociedad hace al pagar las becas”.
En cuanto a las enseñanzas no universitarias, incidió en la necesidad de “replantearnos la eficacia de la inversión educativa”. En este campo, se han tomado dos tipos de medidas: unas que han suscitado una “oposición mayoritaria, que entiendo que son las que tienen que ver con su condición de excepcionales y de temporalidad”, como el aumento de las ratios de alumnos por clase o el incremento de la carga lectiva, enunció Wert, quien aseveró que estas actuaciones “a mí no me gustan, pero me gustaría muchísimo menos que, por no adoptarlas”, el día de mañana no hubiera un sistema educativo “público, de calidad, universal y con cobertura”. Otras propuestas como regular la oferta de modalidades de Bachillerato o las vinculadas a la Formación Profesional, sin embargo, se dirigen a “mejorar el sistema”, y, a su juicio, si han sido criticadas, es “porque no han sido entendidas ni bien explicadas”.
Un ahorro millonario
El ministerio espera que la subida de las tasas universitarias represente un ahorro de 1.760 millones de euros, que llevará aparejado, eso sí, un aumento de la partida destinada a becas de hasta 218 millones, que habrán de sufragar en parte las comunidades autónomas que, “en ejercicio de sus potestades, acuerden un incremento de los precios por encima de los límites mínimos que se establecen a nivel nacional”. Así se desprende de la memoria de análisis normativo e impacto económico que acompaña al Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, y que explicita que el impacto económico para 2012 del conjunto de actuaciones será de 934 millones, una cuarta parte de los 3.736 millones estimados.
Las otras dos medidas que permitirán un mayor ahorro al Estado será el aumento de las horas lectivas de los profesores de Educación Primaria y Secundaria, con una reducción prevista de hasta 840 millones de euros, y el incremento de las ratios de alumnos por aula de hasta un 20 por ciento, que podría aminorar los presupuestos de las administraciones en 464 millones. Con la modificación del régimen de dedicación del profesorado universitario se ahorrarán 252 millones; con la no cobertura de las bajas menores de diez días de maestros y profesores, otros 250 millones; y 200 millones más con el aplazamiento de la aplicación de la implantación de los módulos de 2.000 horas de Formación Profesional. El presupuesto educativo también se reducirá en 150 millones de euros si se consigue establecer un equilibrio presupuestario en las universidades, mientras que la supresión de la obligación de ofertar dos modalidades de Bachillerato lo reducirá en 145 millones.
