A través de un comunicado, la Consejería de Educación lamentaba haberse enterado por los medios de comunicación de la denuncia elevada por el Ejecutivo del PP contra las oposiciones por incumplir el decreto que prohíbe la incorporación de nuevo personal en servicios esenciales. Según la Junta, el Gobierno de Rajoy disponía desde el pasado 9 de enero -fecha de la publicación de la oferta pública de empleo- para impugnar la convocatoria, “pero ha esperado a agotar todos los plazos posibles, dejando transcurrir cuatro meses” y generando un “grave perjuicio” a quienes aspiraban a las 2.389 plazas ofertadas, pues el recurso ante el Constitucional supone la paralización del proceso.

La impugnación cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado del 12 de abril, en el que se establece que la Orden autonómica “no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30 por ciento de efectivos”. Sin embargo, para Álvarez de la Chica se trata de una decisión “calculada, fría, insensible y cobarde”, que deja el procedimiento en suspensión cautelar durante cinco meses. En esta línea, el consejero en funciones reprochó al Ejecutivo central que haya adoptado la medida en el último día posible y que, con las mismas circunstancias (superando también la tasa de reposición del 10 por ciento), el recurso no se haya planteado contra la convocatoria de oposiciones en el País Vasco, porque en esa comunidad “habrá elecciones el próximo año”.

Por su parte, la secretaria de Educación y Universidad del PSOE de Andalucía, Araceli Carrillo, denunció que la controvertida decisión se enmarca dentro de la estrategia de “acoso y derribo” del PP contra esta región, y lamentó las consecuencias que la paralización del proceso tendrá para los más de 33.000 aspirantes que han invertido tanto “tiempo, esfuerzo, ilusiones y dinero” para prepararse de cara a estas pruebas. “El Gobierno de la Nación actúa por intereses meramente políticos, dejando al margen, sin importarle lo más mínimo, los intereses de miles de personas que ven frustrada una posibilidad de hallar un empleo estable para el que se estaban preparando desde hace tiempo”, apostilló.

También el coordinador general de IU-CA, Diego Valderas, calificó de “nefasta” para la educación andaluza la presentación del recurso, y reprochó al presidente regional del Partido Popular “no haber plantado cara” al Ejecutivo para defender la convocatoria. “Javier Arenas y el PP tienen que dar la cara a los miles de opositores andaluces que tenían la esperanza de encontrar una salida profesional y que llevan meses de esfuerzos y sacrificios”, exigió el representante de Izquierda Unida, quien recordó a los afectados que “los populares andaluces son los únicos responsables” de la suspensión cautelar de la oferta pública de empleo “al no haber plantado cara a sus correligionarios en Madrid”.

En esta misma línea se situaron la Plataforma de Interinos y Aspirantes por la Educación Pública y Comisiones Obreras, que coinciden a la hora de afirmar que, con esta postura, el Gobierno pretende “castigar” a Andalucía “por haber dicho ‘no’ a las políticas de recortes”.

Ajena a las críticas, la portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento andaluz aseguró que el consejero en funciones “podría convocar ya esas oposiciones de Secundaria con el marco legal previsto, con ese 10 por ciento de tasa de reposición”, pero “se empeña en no cumplir la ley que se impone por motivos económicos y de ahorro desde el Gobierno central”. Según Marifrán Carazo, Andalucía presenta un importante déficit de docentes; sin embargo, a pesar del compromiso de la Junta de incrementar en 15.000 las plantillas de maestros y profesores a lo largo de la pasada legislatura, cuatro años después “no se han incorporado ni 6.000 a todos nuestros centros escolares”. “Si en ese momento (la administración autonómica) hubiera hecho esa incorporación, ahora no estaríamos en el momento en que nos encontramos”, con la Junta “presionando” al Gobierno de Mariano Rajoy en vez de “cumplir con su deber”, concluyó la representante del PP. 

También la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige en funciones José Chamizo, lamentó la decisión de recurrir la convocatoria y recomendó a quien ostente la responsabilidad de dirigir, en el próximo Ejecutivo andaluz, la Consejería de Educación que retome las oposiciones en septiembre, una vez finalizado el plazo de suspensión cautelar, pero ajustando el número de plazas de la oferta pública de empleo a la tasa de reposición del 10 por ciento aprobada a finales del pasado año.

En concreto, la institución propone convocar nuevamente el proceso selectivo tras el verano, con un reajuste de las 2.389 plazas, manteniendo, por un lado, las 1.752 que se ofertaron como consolidación de empleo al amparo del Estatuto Básico del Empleado, y limitando al 10 por ciento el número de puestos restantes, que inicialmente había sido calculado en función a una tasa de reposición de efectivos cercana al 30 por ciento, de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado de 2011 (en vigor cuando la Junta aprobó la OPE), pero que se redujo tres días después cuando el Ejecutivo central dio luz verde al Real Decreto de medidas urgentes que la limitaba al 10  por ciento. 

Tras conocer la decisión del Consejo de Ministros de impugnar el proceso selectivo en Andalucía, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria decidió retrasar hasta el mes de septiembre las oposiciones en Secundaria. La convocatoria, para la que se ofertan doce plazas en la especialidad de Matemáticas y trece en la de Lengua y Literatura, cuenta con el apoyo de ANPE y CSI-F y el rechazo del resto de las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal Docente.