Sobre el aumento de la carga lectiva del profesorado, la titular del ramo aclaró que se mantendrá el mínimo de 25 horas semanales en Educación Infantil y Primaria, “por lo que no se modificará la situación laboral de los maestros y maestras de Extremadura”. Para el resto de las enseñanzas, el mínimo será de 20 horas a la semana, “sin perjuicio de las reducciones legalmente establecidas”. Por consiguiente, el incremento “es de sólo dos horas lectivas a la semana”, señaló Nogales, quien aseveró que “no se va a despedir a ningún docente”, puesto que estos “tienen su plaza asegurada por oposición”.

“Esta administración ni quiere, ni puede, ni va a despedir a ningún profesor”, insistió, aunque precisó que “otra situación diferente es el personal interino”. En cualquier caso, reconoció que “a fecha de hoy resulta muy complejo concretar el número total” de profesionales “que se verá afectado por las medidas”, de modo que se realizará un estudio “pormenorizado centro por centro” para determinar “el efecto final”.

Además, la administración autonómica dejará de abonar el periodo estival a los eventuales que no trabajen el curso completo y “seguirá abonando tales meses a los profesores interinos que presten servicio durante todo el curso escolar”; una medida con la que se pretende ahorrar más de cuatro millones de euros, según calculó la consejera, quien en materia de organización educativa anunció que la oferta de modalidades de Bachillerato se diseñará “de acuerdo a la demanda de los alumnos y de las necesidades” existentes. También en aras de la racionalización del gasto público, se suprimirá temporalmente la reducción horaria de dos horas lectivas a los profesionales mayores de 55 años “sin pérdida de retribuciones”, lo que supondrá “un ahorro de 2,7 millones”, y no se cubrirán las jubilaciones que se produzcan en verano, con lo que se dejará de invertir unos 52.000 euros al año en este capítulo.

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Enseñanza de Extremadura (CSIF, PIDE, FE-CCOO, ANPE, y FETE-UGT) ya han anunciado que iniciarán una campaña de movilizaciones en contra de los recortes que arrancará con una concentración de delegados sindicales el 2 de mayo ante la sede de la consejería. Asimismo, enviarán a los centros un manifiesto en defensa de la educación pública y desarrollarán una recogida de firmas entre el profesorado.

La Conselleria de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana, por su parte, ha adelantado que aumentará las tasas universitarias de primera matrícula en un 20 por ciento y las ratios en los otros niveles de enseñanza, de modo que, como regla general, las aulas de Infantil y Primaria pasarán de tener 25 estudiantes a 30; en Secundaria y Ciclos Formativos, de 30 a 36; y en Bachillerato, de 35 a 42. Así lo anunció el vicepresidente y titular de Presidencia, José Císcar, quien apuntó que también se ampliará en dos horas a la semana la carga lectiva de los profesores de instituto, FP y Enseñanza de Idiomas.

En Cataluña, la Generalitat adaptará la subida de las ratios a cada caso concreto, teniendo presente la situación socioeconómica de los centros, las características del alumnado y el espacio disponible en las aulas. A juicio de la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, el incremento del número de estudiantes por clase en un 20 por ciento, tal y como plantea el ministerio, no puede ser automático ni lineal, sino que requiere la aplicación de criterios específicos que atiendan a la realidad de cada escuela.

Respecto al aumento de la carga lectiva, la administración catalana obligará a impartir una hora más de clase a los maestros (que pasarán de las 24 a las 25 semanales) y los profesores (de 19 a 20), si bien esta medida ha sido llevada al Consell de Garanties Estatutàries, por considerarse que invade competencias propias de la Generalitat, que tampoco parece estar de acuerdo con la no cobertura de bajas durante los diez primeros días de ausencia del docente enfermo. A este respecto, Rigau explicó que su departamento acatará esa exigencia en los primeros casos, pero no cuando haya simultaneidad; es decir, “las segundas y terceras bajas las cubriremos desde el primer día” para evitar que el “solapamiento” perjudique la dinámica de los centros, apostilló la consejera. En todo caso, el profesorado deberá tener siempre anexado a la programación del curso el material curricular de sus clases para que en caso de ausencia otro docente pueda continuar impartiendo la materia con normalidad.

Tras explicar que ante el incremento de alumnos previsto para el próximo curso Cataluña hubiera necesitado incorporar a 1.475 nuevos profesionales, Rigau reconoció que con la aplicación de las actuaciones propuestas por el Gobierno central alrededor de quinientos trabajadores eventuales del sector tendrán que “cambiar su modalidad contractual”. Esto implicará que medio millar de docentes pasen de ser interinos a sustitutos o que pasen de realizar sustituciones de largo periodo a sustituciones de poco tiempo, lamentó la consejera, quien señaló que la entrada en vigor del Real Decreto obligará a Cataluña a congelar medidas aprobadas hace apenas un mes, como las exenciones horarias de los coordinadores, la revisión de los desdoblamientos de Secundaria y la dedicación horaria de los tutores de Formación Profesional en prácticas.

La Comunidad de Madrid, que fue la primera en plantear un incremento del horario lectivo del profesorado, tampoco piensa aplicar con carácter general el aumento de las ratios que pide el Gobierno central, aunque sí realizará un estudio pormenorizado para ver en qué colegio o instituto pudiera llevarse la medida en caso necesario.

Más crítico se ha mostrado el consejero canario de Educación, quien durante su comparecencia en el Parlamento regional advirtió de que los recortes del Ejecutivo central tendrán un efecto “demoledor” en las islas. En opinión de José Miguel Pérez, el aumento de las ratios, la congelación de la oferta de módulos de Formación Profesional, el incremento de las horas lectivas -que perjudicará a las tutorías y a la atención individualizada de los estudiantes-, la subida de las tasas universitarias y la reducción de las becas tendrán consecuencias muy negativas para la comunidad insular. Ante ello, “ofreceremos resistencia hasta donde podamos llegar con la ley, e intentaremos minimizar los impactos”, apuntó el también vicepresidente del Gobierno de Canarias.

Donde no se aumentará las ratios será en Galicia, territorio que, además, seguirá siendo el que tenga “menores tasas universitarias”. Así lo confirmó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien especificó que el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy “faculta a las comunidades” para acometer medidas de ahorro como el incremento del número de alumnos por aula, “pero no obliga”.

Por su parte, el lehendakari declaró que el Ejecutivo vasco no renunciará, “a pesar de la crisis”, a una educación pública y de calidad, al tiempo que añadió que “todo lo que quitemos” en este terreno serán “pasos atrás”. Durante la celebración de la Semana de Acción Mundial por la Educación, Patxi López se congratuló de que Euskadi haya “hecho de la enseñanza el elemento más importante de nuestro modelo de país”.

FE-CCOO, FETE-UGT, USTEA y CGT, junto a las federaciones de padres y madres Codapa y Fampa-Nueva Escuela y el Sindicato de Estudiantes, han constituido la ‘Plataforma Andaluza por la Enseñanza Pública’ para “rechazar contundentemente” las últimas medidas adoptadas por el Gobierno central “que sólo inciden en un deterioro sin precedentes” de la educación. Según los representantes de este colectivo, que participará en las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales y, en particular, en la jornada reivindicativa prevista para el día 10 de mayo, “el recorte de casi el 21 por ciento contemplado en los Presupuestos Generales del Estado” para el Ministerio de Educación y los 3.000 millones adicionales que se ahorrarán con la aplicación del Real Decreto Ley por el que se aumentan la jornada lectiva del profesorado y las ratios, entre otras actuaciones, “sólo generarán más fracaso escolar y más desigualdades”.

 

Ante ello, han exigido al nuevo Gobierno andaluz de coalición que conformarán PSOE e IULV-CA que “demuestre con hechos y no sólo con palabras” su defensa de la enseñanza pública. De momento, el consejero del ramo en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, ha defendido la necesidad de salvaguardar a la escuela de los recortes y ha censurado que las medidas planteadas por el Ejecutivo central vayan contra las regiones que quieren hacer de la educación una política prioritaria, para dar cobertura a las comunidades del PP que ya han metido la tijera en esta materia. 

Tras participar en la Conferencia Sectorial en la que el ministerio presentó las medidas con las que pretende ahorrar 3.000 millones de euros, el socialista criticó las consecuencias “inequívocamente graves” que tendrán tales decisiones, que perjudicarán “al futuro de España”. Estas acciones obligarán a despedir a profesionales y empeorarán las condiciones laborales de los docentes, arguyó Álvarez de la Chica, quien aseguró que su departamento trabajará “muy duramente” para intentar mantener el número de alumnos por aula. “En aquello que tenemos margen, y en la ratio lo tenemos, lo que vamos a hacer es intentar tener el menor impacto posible”, sentenció.

Respecto al aumento de la carga lectiva de los docentes, lamentó que esta medida tendrá como consecuencia que se pierda “un número muy significativo” de profesores interinos, lo que “empeorará la calidad del trabajo” del conjunto de profesionales de la enseñanza, “pero también de la educación que reciben los chicos”. Según una primera estimación de la administración andaluza, la modificación del horario lectivo conllevará el despido de 4.800 docentes de Secundaria en Andalucía.

Por su parte, la consejera de la Presidencia en funciones alertó de que las reformas que está llevando a cabo el Ejecutivo central en materia de educación supondrán un “doble recorte” para Andalucía, “porque somos de las comunidades en las que la población infantil y juvenil tiene un mayor peso en el conjunto de habitantes”. Mar Moreno mostró el desacuerdo de la Junta en que estas medidas se apliquen de “manera idéntica” en todas las autonomías, al entender que “este tipo de realidades deben ser tenidas en cuenta por el Gobierno de España a la hora de fijar objetivos”.

La también portavoz del Ejecutivo andaluz explicó que hay regiones en las que la población de cero a veinte años está descendiendo, como Galicia, Asturias o Castilla y León, y, por tanto, en éstas se “aminoran las necesidades de profesorado”. Frente a estos territorios se sitúa la realidad de Andalucía o Murcia, donde “hay más población en edad escolar, con lo cual habrá menos recursos económicos para más niños y jóvenes”.