A juicio de estos sindicatos, “las aulas volverán a masificarse”, pues en Educación Infantil y Primaria se podrán agrupar hasta 30 escolares por clase, en Secundaria hasta 36 y en Bachillerato hasta 42 ampliables a 46; unas condiciones que “perjudicarán especialmente a Infantil, al primer ciclo de la ESO, a la Formación Profesional y la escuela rural”, además de a los colegios que “escolaricen a alumnos con necesidades educativas especiales”. Además, “no se cubrirán las ausencias del profesorado en las dos primeras semanas de baja laboral, lo que generará muchos problemas organizativos y de convivencia en los centros al quedar los grupos, ya de por sí sobrecargados, sin un docente que pueda atenderlos adecuadamente, y constituirá un castigo para los estudiantes de segundo de Bachillerato en puertas de las pruebas de Selectividad”, asegura el escrito.  

  

Estos recortes también implicarán, según las mentadas organizaciones, el abandono de determinados programas, la no implantación de los ciclos de FP actualizados y un deterioro de las condiciones laborales del profesorado, puesto que a las pérdidas retributivas de más del 6 por ciento aplicadas desde junio de 2010, ahora se suman medidas como el incremento de las horas lectivas, la desaparición de las disminuciones del horario para el profesorado mayor de 55 años, rebajas salariales en caso de baja por enfermedad, la congelación de las ofertas de empleo público, la desaparición de las condiciones de la jubilación anticipada, la transformación de nombramientos a tiempo completo a tiempo parcial o el cese del personal interino a 30 de junio para no abonar vacaciones; iniciativas que se materializarán en “una reducción de la plantilla docente de proporciones incalculables, que repercutirá gravemente en la calidad y equidad de la enseñanza”. Dichos sindicatos también reivindican “más que nunca una universidad pública para todos y todas”, por lo que rechazan la subida de las tasas y la reducción de las becas.

La Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (Pudup) ha hecho un llamamiento a los estudiantes, profesores y personal administrativo de los centros superiores para que también secunden la huelga del 22 de mayo, porque la política de contención del déficit público se está cobrando “centenares de despidos” en la universidad, al tiempo que está produciendo una precarización de las condiciones laborales en este ámbito y la supresión de parte de la oferta académica. A esto se añade el aumento de las tasas que deberán afrontar los universitarios y sus familias el próximo curso, y que supondrá incrementos de hasta 900 euros por alumno en las primeras matrículas.

 

Los convocantes esperan que el paro sea un éxito, tras la anterior gran movilización que tuvo lugar el pasado 10 de mayo, en el que se echaron a la calle miles de personas. Ese día se celebraron más de setenta actos reivindicativos en toda España, y además de las manifestaciones, se organizaron una treintena de encierros, caceroladas y actos simbólicos, como un velatorio por la educación pública. 

Frente a esta oleada de protestas, el ministro de Educación, Cultura y Deporte acusó a los sindicatos de la enseñanza de convocar una huelga en “un intento grosero y falaz de engañar a la opinión pública”, por argumentar que el Gobierno “está reduciendo el gasto público en educación entre un 25 y un 30 por ciento”, algo que es “absolutamente falso”. Además, José Ignacio Wert restó importancia a las movilizaciones argumentando que, “en el caso de Madrid”, sólo había visto “alrededor de treinta personas” en la calle “según las imágenes”, algo que, desde su punto de vista, demuestra que “hoy los estudiantes están más preocupados por estudiar y por sacar su curso”.

Tras denunciar la “falta de voluntad de cooperación” de estas organizaciones con el Ejecutivo para encontrar una solución que permita al país “salir de una situación financiera tan complicada”, aseguró que no le preocupa lo más mínimo su desgaste personal por los últimos acontecimiento, ni siquiera teniendo en cuenta los resultados del último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúan a Wert como el miembro del Gobierno peor valorado por los ciudadanos el pasado mes de abril. En este sentido, arguyó que “si todo el coste que hay que asumir para llevar a cabo la reforma que ponga a España donde se merece en el plano educativo es el desgaste del ministro, el ministro está más que dispuesto a desgastarse lo que haga falta”.

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE, María del Mar Villafranca, pidió al titular del ramo que no menosprecie las protestas contra los recortes y “escuche las voces preocupadas”, mientras que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras anunció que elevará al Defensor del Pueblo una queja para solicitarle que recurra al Tribunal Constitucional el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto educativo por considerar que vulnera cuatro artículos de la Carta Magna. Según explicó la responsable del Gabinete Jurídico del sindicato, Carmen Perona, el texto normativo podría infringir el artículo 86.1 de la Constitución, “por falta de justificación de las medidas aprobadas”, el 81, porque “no se pueden modificar leyes orgánicas mediante real decreto ley”; el 27, que se refiere al “derecho a la educación y autonomía universitaria”; y el 37.1 y 28.1 por la “vulneración del principio de seguridad jurídica”. Paralelamente, CCOO apoyará dos denuncias por la vía contencioso-administrativa que presentarán dos profesores de educación superior y no universitaria, a nivel individual, contra el citado decreto cuando las medidas se pongan en marcha. 

Comisiones Obreras también ha presentado un informe que “desmiente” los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para justificar la aprobación de la controvertida norma, en el que se hace una comparativa de las ratios o la jornada lectiva de los profesores españoles con la media de la OCDE y de la Unión Europea, que demuestra que “no son mejores ni mucho menos” a la mayoría de los países. Asimismo, esta federación de enseñanza estima que, en el caso de que las comunidades autónomas decidan aumentar la ratio de alumnos hasta el 20 por ciento, 45.000 profesores podrían perder su trabajo (27.000 por amortización de jubilaciones y 18.500 empleos adicionales). Así lo indicó el responsable del Gabinete de Estudios de FE-CCOO, Juan Martínez, quien señaló que el incremento de las horas lectivas afectará a 55.000 profesores interinos.