Tras insistir en la necesidad de “preservar el sistema educativo”, la titular de Hacienda explicó que el citado plan económico-financiero sí contempla, al ser de “obligado cumplimiento”, el incremento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales para el personal de la administración de la Junta, incluido el profesorado, pero no una subida de las tasas universitarias. No obstante, los Servicios Jurídicos del Ejecutivo andaluz están trabajando en estos momentos en sendos recursos que se elevarán al TC contra el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del sector público en el ámbito educativo, que recoge el incremento de la carga lectiva de los docentes, y contra la norma que establece el copago sanitario, al entender que ambos textos “invaden competencias autonómicas y que son inconstitucionales”.
El Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, que contempla las actuaciones que Andalucía llevará a cabo para cumplir el objetivo de déficit, fijado en el 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto regional para este año, plantea iniciativas dirigidas a posibilitar mayores ingresos por 1.000 millones de euros y la reducción del gasto por otros 2.500. El documento incluye medidas que afectan a todos los capítulos del presupuesto autonómico vigente y recoge aquellas adoptadas por el Gobierno central que son de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas. Para trasladar esta obligación, se parte de principios básicos como preservar el sistema educativo público; no contribuir a la destrucción de empleo; y pedir un esfuerzo temporal y solidario a los empleados públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales.
Reducción de sueldos públicos y subida de impuestos
La aplicación de estas medidas implicará una rebaja de los sueldos de los funcionarios y altos cargos de la Junta y una subida de impuestos para paliar la reducción de ingresos. En concreto, se recortará el número de delegados y altos cargos y se suspenderá la equiparación retributiva de estos con sus homólogos en la Administración del Estado, lo que conllevará una disminución del 5 por ciento en los sueldos del presidente del Ejecutivo, consejeros, viceconsejeros y personal asimilado. Además, en aplicación de la normativa estatal, se aumentará de manera “flexible” la jornada laboral a 37,5 horas de los empleados públicos, a los que se disminuirá las horas extraordinarias.
Martínez Aguayo calcula que la rebaja salarial de los empleados públicos oscilará entre el 0 y el 6,5 por ciento según las categorías, aunque el personal laboral funcionario interino y laboral temporal verá reducida su jornada, y, por tanto, el sueldo en un 15 por ciento. También se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de junio y diciembre, y se reducirán en el sector público instrumental aquellos complementos que no formen parte del salario básico. También disminuirán un 10 por ciento las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable.
Junto a ello, y con el objetivo de contribuir al mantenimiento del empleo público, la consejera ha anunciado la puesta en marcha de otras actuaciones, como la suspensión de las mejoras y ayudas aplicadas al personal laboral y funcionario de la Junta (permisos de jubilación, licencias previas a la jubilación anticipada y contratos de relevo, acción social, premios de jubilación, etcétera); la homogeneización de las condiciones de trabajo de los empleados del sector público instrumental con los de la Administración General y la disminución del número de horas extraordinarias.
En el capítulo de ingresos, destacan medidas de ajuste fiscal como la modificación en los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, que pasará al 23,5 por ciento en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros, y al 25,5 por ciento para las superiores a 120.000 euros. Asimismo, se prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio, y por 2 el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo de uso agrícola. Otras medidas en esta línea serán la subida del tipo de gravamen general de Actos Jurídicos Documentados y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas.
