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Sindicatos piden al Gobierno que escuche el “clamor de la calle” y amenazan con nuevas movilizaciones

23/05/2012 - E.N./L.C.
Los sindicatos mayoritarios de la enseñanza cifraron en el 80 por ciento el seguimiento de la primera huelga estatal celebrada en todos los niveles educativos contra los recortes en este ámbito, mientras que el Gobierno aseguró que el paro apenas fue respaldado por el 19 por ciento del profesorado del sector público. De este modo, al tiempo que el Ejecutivo restaba importancia a la incidencia de las protestas, FE-CCOO, FETE-UGT, STES-i, CSIF y ANPE hablaban de “éxito rotundo” de la convocatoria que se extendió a todas las comunidades autónomas, salvo a Baleares, País Vasco y La Rioja, en las que sí hubo otro tipo de movilizaciones. “Ahora la pelota está en el tejado del ministerio”, declaró el representante de Comisiones Obreras, José Campos, quien pidió al titular de Educación, José Ignacio Wert, que “escuche el clamor de la calle”. Ésta postura también es compartida por el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Jesús María Sánchez, quien afirmó que “un gran número de estudiantes y docentes pusieron de manifiesto su desacuerdo con la política de desinversión en el sistema educativo”.




“Estamos muy satisfechos por el apoyo que ha tenido la huelga”, manifestó el secretario general de FE-CCOO, quien destacó que el “espectacular respaldo” que el paro obtuvo entre el profesorado de Aragón, Asturias y Murcia, frente al de Canarias, Galicia, Ceuta y Melilla, donde la participación en la ‘jornada de lucha’ fue menor. Según los datos ofrecidos por los sindicatos, el seguimiento a nivel estatal fue de entre el 90 y el 95 por ciento en la enseñanza universitaria y del 70 y el 75 por ciento en el resto de niveles educativos. Además, estas organizaciones advirtieron de que mantendrán las acciones reivindicativas hasta que el Gobierno no dé marcha atrás en su política del ‘tijeretazo’, e incluso anunciaron su disposición a volver a echarse a la calle con la comunidad educativa en el mes de junio y, si es preciso, durante el inicio del próximo curso escolar.

Su objetivo es que no se aplique el recorte presupuestario en esta materia planteado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cifrado en torno al 20 por ciento, al que se suman las medidas urgentes para la racionalización del gasto educativo, con las que se pretende conseguir un ahorro de 3.000 millones de euros adicionales, poniendo en marcha iniciativas como el aumento de la ratio de alumnos por aula, el incremento de la jornada lectiva del profesorado o la subida de las tasas universitarias, entre otras. Los sindicatos ya avisaron que “si no se retira este Real Decreto Ley”, el ministro “va a tener una respuesta contundente al principio del curso que viene”, aseveró el representante de STES-i, Boro Benavent, para quien los recortes son “un ataque sin precedentes a la igualdad de oportunidades”. En consonancia con su colega, Javier Carrascal, de ANPE, denunció que los últimos ‘ajustes’ del Gobierno tendrán consecuencias trascendentales en la formación de los jóvenes españoles. Esta organización insistió en que el paro “tuvo un índice de seguimiento insólito para una convocatoria realizada a final de curso, teniendo en cuenta además que, en algunas comunidades autónomas, se sumaba a otras huelgas y movilizaciones que habían supuesto ya un duro castigo para las nóminas de los docentes”, y se congratuló de que en todas las capitales de provincia, las manifestaciones tuvieran una participación multitudinaria.

Ataque a la igualdad de oportunidades
FETE-UGT explicó que era la primera vez primera vez que el movimiento sindical organizaba “una huelga de ámbito estatal en todos los niveles -desde infantil hasta la universidad-, no sólo en contra del deterioro de las condiciones laborales de los docentes, sino y sobre todo, por defender un modelo de escuela que garantice la igualdad de oportunidades, que está siendo gravemente atacada, a través de  un recorte en el PIB que puede suponer la reducción de hasta el 1,5 por ciento de la cantidad que hasta el momento se destinaba a educación, colocando a nuestro país, de nuevo, a la cola de nuestros vecinos europeos”. Tras lamentarse de que el ministerio que capitanea José Ignacio Wert “despreciara el resultado” de esta jornada de protestas, utilizando datos de las comunidades que no habían convocado paros y del sector de la concertada, esta federación recalcó que “continuará movilizándose, en unidad de acción con otras organizaciones y grupos sociales”, hasta lograr que cesen los recortes. Para conseguir este objetivo, el sindicato tampoco dudará en presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de medidas urgentes para la racionalización del gasto educativo ante el Defensor del Pueblo.

En cuanto a los incidentes registrados durante ese día, en el que fueron detenidas algunas personas por desórdenes públicos, obstaculizar el tráfico o acciones como poner silicona en las cerraduras de escuelas, el secretario de FE-CCOO dijo que éstas son cosas que “no tienen que empañar lo que ha sido un acto democrático” que ha supuesto que 7,5 millones de estudiantes y 1,5 millones de docentes salgan a la calle a protestar. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sin embargo, restó importancia a la huelga que, según sus datos, tan sólo fue secundada por el 19,4 por ciento del personal laboral y funcionario en los centros escolares. A tenor de estas cifras, el seguimiento fue desigual, llegando a ser “inapreciable” en comunidades como Canarias, Galicia o La Rioja, donde se situó por debajo del 4 por ciento y “más acusado” en Aragón, Asturias o Navarra, donde se alcanzó el 40 por ciento. En el caso de los colegios e institutos privados y concertados, el respaldo fue “prácticamente nulo”, según informó la Confederación Española de Centros de Enseñanza y Escuelas Católicas.

Manifestaciones, caceroladas y concentraciones
La jornada del 22-M tuvo su colofón en las manifestaciones que discurrieron por las calles de las principales ciudades españolas, a las que acudieron decenas de miles de personas, muchas de ellas ataviadas con las camisetas verdes, convertidas ya en símbolo de la protesta contra el ‘tijeretazo’ que, según los cálculos de los sindicatos mayoritarios, podrían suponer unos 100.000 despidos de docentes interinos, además de un grave perjuicio para la calidad de la enseñanza. Tan sólo en Andalucía fueron 28.000 los profesores y maestros, estudiantes y familiares que se echaron a la calle, según fuentes de la Delegación del Gobierno en esta región. En Baleares, donde no se convocó paro, unas dos mil personas asistieron a una cacerolada en Palma de Mallorca para reivindicar una educación “sin recortes”, un centenar de alumnos se concentró frente a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para protestar por la política de ajustes del Govern y la Policía Nacional tuvo que desalojar a una treintena de jóvenes que habían ocupado el despacho del conceller Rafael Bosch.

La marea verde llegó incluso a ‘salpicar’ el Congreso, donde diputados del grupo parlamentario de Izquierda Plural aprovecharon su presencia en el Pleno de la Cámara Baja para vestir la ya conocida prenda en defensa de la escuela pública el mismo día de la huelga. Por su parte, los dos representantes de Iniciativa per Catalunya exhibieron la camiseta amarilla, porque en su comunidad la oleada de protestas responde a ese color. “Es una movilización defensiva en favor de la educación para salir bien de la crisis y no con más sufrimiento, con más división y más confrontación”, explicó Gaspar Llamazares, de IU. En esta misma línea se situó la responsable de Política Social y diputada del PSOE, Trinidad Jiménez, quien subrayó la alta participación de la comunidad educativa en el paro y alertó de que los recortes únicamente agravarán la desigualdad de oportunidades de los españoles. Más tajante se mostró la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien declaró que estas movilizaciones deben hacer reflexionar a este Gobierno “despótico”.

Una opinión muy distinta fue la que expresó la portavoz del Partido Popular en Educación, Sandra Moneo, quien afirmó que el seguimiento de la huelga se sitúa “muy lejos” de las expectativas que tenían los sindicatos convocantes. “Lo que importa al PP es la mejora de la calidad del sistema, porque España no tiene un problema de recursos, sino de modelo, y en eso estamos, en la mejora del modelo educativo”, apostilló. Más allá fue el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, quien calificó el paro como un “contrasentido” porque, al menos en su comunidad, “todavía no se ha aplicado ninguna medida de ajuste”.

Llamada a la responsabilidad
El ministro de Educación, Cultura y Deporte agradeció el “comportamiento responsable de los que no han ido a la huelga”, aunque dijo respetar a quienes optaron por apoyarla, por ser éste un derecho reconocido en la Constitución. A este respecto, llegó a la conclusión de que “algunos docentes han entendido su obligación para los estudiantes”, frente a “otros que, en un momento del curso escolar prácticamente acabado, han entendido más responsable por su parte secundar esta huelga”. En cuanto a la adopción de las medidas que propiciaron la convocatoria del paro, José Ignacio Wert insistió en que si bien las propuestas “contenidas en el decreto, que concurren a una situación de especial urgencia y necesidad, han sido complicadas para las partes interesadas”, su departamento no ha dejado de “dar pasos” en favor del diálogo con los afectados.

A su entrada en el Congreso de los Diputados, Wert fue abucheado por la bancada socialista y aplaudido por sus compañeros de filas del PP, lo que provocó tal algarabía en el hemiciclo que el presidente, Jesús Posada, se vio obligado a parar por unos instantes las votaciones de las enmiendas a los Presupuestos para 2012 que, en lo que respecta al capítulo del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, “son los óptimos para las actuales circunstancias”, reiteró el titular del ramo.
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