La Consejería de Educación ha recibido una providencia en la que se le informa de que se ha admitido a trámite el conflicto de competencias interpuesto contra el proceso selectivo, y le da a la administración regional un margen de 20 días para elevar las alegaciones que considere pertinentes. El departamento que capitanea Moreno utilizará este plazo, “como es natural, para personarnos” y “defender una convocatoria que estimamos legal”. Tras admitir que dicha providencia no representa una “gran novedad” en lo que respecta al trámite del recurso presentado por el Ejecutivo central, la consejera incidió en que el Gobierno del PP recurrió las oposiciones de Andalucía “en la forma y en el fondo de malas maneras, produciendo un gran quebranto a más de 33.000 aspirantes que han visto frustrado su trabajo de muchos meses, cuando no de años, por esta decisión que no explicaron adecuadamente”. En cualquier caso, recalcó que la Junta “va a defender” la oferta de empleo público “sabiendo que se abre un periodo de cierta inseguridad jurídica hasta que no se pronuncie el tribunal”.

En cuanto a la propuesta del Partido Popular andaluz para que la administración regional organice las oposiciones con una tasa de reposición del diez por ciento, ofertando nuevas plazas y sin tener que esperar a la resolución del conflicto, Moreno la calificó de “irresponsable”. “Lo que (el PP) quiere es generar caos y causar muchos más daños en las expectativas” de los aspirantes, criticó la socialista, quien reiteró que una de las prioridades de la Junta es la educación, por lo que seguirá “defendiendo el sistema público y que se incorporen los funcionarios docentes que Andalucía necesita”. La consejera, no obstante, desconoce cuáles pueden ser los plazos para que el TC se pronuncie y, por tanto, aún no se sabe si el Gobierno autonómico podría, en el caso de que ganara la disputa judicial, convocar de nuevo las oposiciones al inicio del próximo curso escolar o de cara a las vacaciones de Navidad, tal y como se planteó cuando el Ejecutivo central presentó el recurso.

Dos meses después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la oferta pública de empleo, el Gobierno de Rajoy decidía (el pasado 20 de abril) impugnarla presentando un conflicto positivo de competencias, cuando apenas faltaban dos días para que concluyera el plazo límite para emprender dicho trámite. El argumento fue que el número de plazas convocadas contravenía las limitaciones que estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011, que prohibía la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones en servicios esenciales, y fijaba en un 10 por ciento la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo.

La delegada del Gobierno en Andalucía destacó el error que cometió la Junta al organizar las oposiciones con una tasa de reposición del 30 por ciento, “y eso no es posible, porque no se puede saltar la legislación a la torera”, comentó. Lo que sí puede hacer el Ejecutivo autonómico, según Carmen Crespo, es convocar otra OPE ajustándose a la ley, sin que esto suponga “un caos jurídico”. En este punto, recordó que otras comunidades, como Madrid, han iniciado procesos selectivos adecuándose a la nueva tasa de reposición.