En Cataluña, el ‘tijeretazo’ afectará especialmente a los trabajadores eventuales. Y es que la Conselleria de Enseñanza dejará de pagar la nómina de julio a 1.400 profesores sustitutos, que no tendrán su contrato en vigor ese mes, con lo que la administración se ahorrará siete millones de euros al no tener que remunerarles. Dicha decisión ha sido tomada al tenerse en cuenta que, en ese periodo estival, no se imparten horas lectivas, por lo que la labor de tal colectivo profesional es prescindible, según la Generalitat.

La titular del ramo, Irene Rigau, avanzó que este ahorro se invertirá en el pago de las coberturas de las bajas docentes que se produzcan a lo largo del próximo curso, amortiguándose así la reducción en las horas de sustitución decretado por el Ministerio de Educación, que obliga a los centros escolares a no atender las ausencias del profesorado hasta el décimo día hábil a partir de que comience a darse la falta. A ello se sumará la rebaja, en un 15 por ciento, del salario de los trabajadores eventuales, apuntó la consejera, quien recordó que a partir de septiembre el sistema público de enseñanza catalán perderá a 770 interinos, que pasarán a ser sustitutos. Eso sí, la plantilla docente se mantendrá en 67.054 profesores, a pesar de las 1.480 jubilaciones previstas, gracias al incremento de la jornada lectiva.

Como consecuencia del aumento de las ratios en las escuelas y del descenso demográfico, esta comunidad autónoma ha perdido 91 grupos de P3 y 42 de primero de Secundaria, a los que se añaden otros 47 en centros concertados. La Generalitat está dispuesta a equilibrar el aumento de alumnos por aula, de forma que los incrementos sean equitativos para evitar así la masificación de clases en algunos colegios e institutos.

Para tratar de frenar los efectos negativos de la aplicación de las políticas de austeridad, estudiantes, docentes y el resto de la comunidad educativa están abanderando un sinfín de actos de protesta por el todo el estado, como la acampada que sesenta familias barcelonesas protagonizaron en el colegio Font d’en Fargas, que contó con el apoyo de la dirección del centro, o las organizadas por los padres y madres del alumnado de cuatro escuelas leridanas, enmarcadas en una campaña de movilizaciones a la que se sumaron una veintena de AMPAS. Las caceroladas, las pitadas, las asambleas, las manifestaciones, los debates y las charlas han dado paso a otro tipo de actividades reivindicativas menos usuales, como los conciertos o las cenas populares en las que los propios alumnos entonan canciones con lemas contra los recortes presupuestarios.

Otras muestras del descontento generalizado han sido el encierro de doscientos estudiantes en la biblioteca central del campus de Cáceres para reclamar una universidad “pública y de calidad” en la sexta jornada de protestas en Extremadura, el encadenamiento de tres profesores interinos en el interior de la sede de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat, en la Vía Augusta de la Ciudad Condal, para llamar la atención sobre las consecuencias que el ‘tijeretazo’ tendrá en sus condiciones laborales, y la manifestación convocada por las principales organizaciones sindicales en la Comunidad Valenciana para denunciar que los docentes de las escuelas concertadas “están siendo seriamente perjudicados como consecuencia de todos los recortes que desde el año 2010 están llevando a cabo las administraciones públicas”.

Precisamente en esta última región, la titular de Educación, Formación y Empleo aseguró que su departamento luchará para que no haya nuevos ajustes. “La consellera va a pelear por que eso sea así; creo que todo lo que teníamos que hacer lo hemos hecho”, declaró María José Català, si bien justificó que su Gobierno “tiene que hacerse flexible y adaptarse a las necesidades en función de las situación económica”. En cuanto a la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico prescinda de miles de profesores el próximo curso, tal y como vaticinan las organizaciones sindicales, la representante de la Generalitat valenciana concretó que “tenemos una plantilla y la tenemos clara, que es la que actualmente está en los centros”, al tiempo que recalcó que “no se prevé un despido o una no contratación de interinos de las dimensiones de las que hablan los sindicatos”.

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, Ana González, anunció que su departamento está “estudiando todos los escenarios posibles” antes de aplicar las medidas impuestas por el Gobierno central para reducir el déficit público, para tomar “una decisión lo más justa posible, cumpliendo las obligaciones que tenemos que cumplir”.

En materia universitaria y ante el aluvión de críticas por la subida de las tasas, el ministro de Educación, Cultura y Deporte insistió en que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia y la facultad de decidir los precios públicos de las matrículas y la aplicación de la horquilla fijada por el Ejecutivo en el decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto en el ámbito educativo. José Ignacio Wert respondía así a la petición de los rectores de demorar la entrada en vigor del aumento de las tasas, puesto que muchos centros universitarios carecen de una contabilidad de costes que les impide determinar el precio de las carreras. 

En cuanto a la dedicación del profesorado universitario, anunció la creación de una comisión mixta, presidida por la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, y formada por rectores y personal del ministerio, para abordar el desarrollo normativo sobre los cambios que plantea el decreto respecto a este asunto.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, destacó que el incremento de las tasas ha sido “el punto de no acuerdo” durante el último Consejo de Universidades y que los rectores “seguirán trabajando con las comunidades autónomas para que el nuevo coste de las mismas tenga la incidencia más baja de la horquilla prevista en la reforma”.