Por ello, la socialista pidió “comprensión” al conjunto de la sociedad y, en particular, a los empleados públicos por la rebaja de 777 millones de euros que el Ejecutivo regional tendrá que acometer en la partida presupuestaria correspondiente al capítulo de gastos de personal. “Entiendo que el plan de ajuste, que es obligatorio, no puede ser bien acogido porque, evidentemente, contiene recortes y entiendo el malestar de la gente, pero confío en que sepamos distinguir muy bien que en Andalucía estamos intentando salvaguardar el empleo”, apostilló.

Tras recordar que “la Junta depende de los Presupuestos Generales del Estado” y que, por lo tanto, “hasta que el Gobierno de España no defina” cuál será la inversión prevista para las comunidades autónomas será “muy difícil pensar o decidir qué es lo que va a pasar en el sistema público” de esta región, la consejera reiteró que “la educación en Andalucía es una prioridad” y lo fundamental es que el Ejecutivo del PP, “que es quien tiene competencia, no deje a la enseñanza pública caer en el vacío presupuestario”. Bajo esa premisa, Moreno eludió pronunciarse sobre qué programas o planes podrían abandonarse ante la falta de dinero, aunque las organizaciones sindicales ya hablan de que peligra la gratuidad de los libros de texto, las pruebas de diagnóstico o el programa ‘Escuela TIC 2.0’.

Días antes, la titular del ramo aseguraba que se marcaría como objetivo clave de esta nueva legislatura la defensa de un presupuesto “justo y suficiente” para mantener los logros alcanzados en la materia de la que ella es responsable y “seguir avanzando” en los aspectos que “todavía quedan por mejorar”. Durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, anunció que volvía a exigir al ministro José Ignacio Wert que “no permita que la educación sea la que pague la factura de la crisis económica”.

Precisamente, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara andaluza, Araceli Carrillo, explicó que el Ejecutivo autonómico aprovechará el margen que tiene respecto al incremento de la ratio de alumnos por aula (medida incluida entre las exigencias de ajuste presupuestario del Gobierno central a las comunidades) “para mantener a cerca de 4.000 profesores”. O dicho de otra forma: la decisión de no aumentar el número de estudiantes por clase evitará el despido de estos profesionales de la enseñanza.

Un estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en Andalucía entre 825 maestros y profesores de la comunidad revela que más del 93 por ciento de estos profesionales cree que “el deterioro de las condiciones laborales”, a raíz de los recortes y la crisis económica, afectará gravemente a la salud laboral del colectivo” y “más del 98 por ciento considera urgente la actualización del catálogo de enfermedades reconocidas a los docentes”, ya que en la actualidad “solo aparecen los nódulos vocales, haciendo invisibles toda una serie de riesgos psicosociales y lesiones músculo-esqueléticas, a las que el profesorado está gravemente expuesto”.