El informe elaborado por la federación destaca que sólo Andalucía, Euskadi y Galicia han rechazado la posibilidad de ampliar el número de estudiantes por clase (a falta de conocerse qué hará el Principado de Asturias), mientras que La Rioja aún está estudiando esta opción y Navarra la aplicará de forma excepcional. No obstante, el documento apunta al aumento de la jornada lectiva de los docentes, “que será como mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 horas en el resto de las enseñanzas no universitarias”, como la medida que ocasionará un mayor “perjuicio en la calidad del sistema educativo, puesto que supone quitar un tiempo valioso que el profesorado dedica a actividades que repercuten directamente en el aprendizaje del alumnado, como la participación en proyectos de innovación educativa, la atención a las familias, las tutorías o la preparación de clases”.

En cuanto a los recortes salariales, el estudio recuerda que en junio de 2010 ya se aplicó en todo el Estado una reducción retributiva del 5 por ciento para los empleados públicos y la congelación de sus sueldos para los dos años siguientes. “Ahora, se añaden nuevas medidas como la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extraordinarias” en Andalucía y la Comunidad de Madrid, “o la reducción del 10 por ciento del complemento específico” en Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid, especifica el informe. A estas rebajas se suma la suspensión del complemento de formación permanente, conocido como ‘sexenio’, en Baleares y la Comunidad Valenciana, regiones que también procederán a la anulación del pago de las vacaciones a los interinos, junto a Extremadura y Castilla-La Mancha. 

Todo ello motivará “un nuevo retroceso en el poder adquisitivo del profesorado, que sólo desde el año 2010 se cifra ya en un 13 por ciento”. Así lo apostilla el documento, que indica que los recortes afectarán también a las retribuciones en situaciones de baja por incapacidad temporal, ya que, a partir de ahora, todas las regiones, excepto Aragón y Extremadura, suprimen tales “mejoras económicas”, de modo que no se cobrará el cien por cien de esos pagos durante el tiempo que dure la inactividad laboral.

“Este tijeretazo, que traerá un notable perjuicio a la enseñanza española, como no tardarán en reflejarlo los correspondientes indicadores educativos, se ha acometido por el Gobierno central, así como por las comunidades autónomas, de manera unilateral e impositiva y dejando al margen de cualquier negociación a las organizaciones sindicales”, concluye FETE-UGT.

Por otra parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha suscrito un ‘Pacto sobre Derechos Sindicales’ con FE-CCOO, ANPE, CSI-F, STEs-I, FETE-UGT y CIG, en virtud del cual se reducirá en más de un 50 por ciento las subvenciones que perciben estas organizaciones y las horas de liberación sindical. Con este acuerdo, el Gobierno pretende ahorrar 3,5 millones de euros al año.