Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna de Andalucía, la consejera explicó que el informe que se remitirá al Gobierno central pone de manifiesto que con el mismo dinero se puede mejorar la cobertura de bajas, como ha ocurrido en esta comunidad, donde, tras descentralizarse su gestión para que sea coordinada por los propios centros escolares, se ha conseguido que las sustituciones se realicen en una media de 48 horas sin coste adicional. Además, aclaró que con el envío de este documento, la Junta quiere dejar patente que su intención no es pleitear, sino ayudar a exportar los mejores modelos. “Tenemos que ahorrar, qué duda cabe, pero antes hay que agotar todas las posibilidades”, declaró Moreno, quien recalcó que la medida impuesta por el ministerio, que obliga a no cubrir las bajas hasta quince días después de la primera ausencia del docente invadiría competencias autonómicas. 

En su discurso, la titular del ramo hizo hincapié en el compromiso del Gobierno que preside José Antonio Griñán por mantener los cimientos de la escuela pública, defendiéndola frente a cualquier “tentación privatizadora”. En este sentido y, tras reconocer el sacrificio salarial que se le pide al conjunto de los empleados públicos y que afecta al profesorado, se refirió a la decisión de la Junta de mantener la ratio de estudiantes por aula, medida que ha permitido preservar el puesto de 3.500 docentes y que, en términos de empleo, condiciones para los trabajadores y atención al alumnado, evidencia que el Ejecutivo andaluz “ha priorizado la enseñanza”. 

La socialista aseguró que dedicará cada día de esta legislatura a defender el trabajo del profesorado, al que ha pedido que “aguante este envite” y “soporte la tormenta presupuestaria que tenemos encima”. Sobre las iniciativas dirigidas a los docentes, avanzó que se centrarán en la defensa de la plantilla, la mejora de la formación inicial y permanente, la dotación de herramientas como la evaluación (“no para hacer un ranking segregador, sino para ayudarles a hacer mejor su trabajo”), la desburocratización de su tarea y la dignificación de su papel en la sociedad. Además, se avanzará en la autonomía de los centros, se reforzará su autoridad académica y magistral, se trabajará por su estabilidad y el desarrollo de una carrera profesional, y se revisarán los planes y el currículum para concentrar los esfuerzos en los aspectos más relevantes de la enseñanza. No obstante, dijo comprender el “malestar” de los más de cien mil maestros y profesores que desempeñan su tarea en la escuela pública andaluza, a los que “no vamos a fallar”.

Asimismo, Moreno pidió “disculpas” y “comprensión” a los centros concertados y empresas de servicios educativos -algunas de las cuales han emprendido movilizaciones- por los retrasos que se están produciendo en los pagos correspondientes, fundamentalmente, al segundo y tercer trimestre de este año, y aseveró que la Junta está haciendo “un gran esfuerzo” para abonar las cantidades pendientes. No obstante, recordó que ha sido el Ejecutivo central el que ha impuesto un recorte de 10.000 millones en sanidad y educación, el que ha elevado el horario lectivo del profesorado y el que ha reducido partidas para programas como el de becas o el de escuelas infantiles. “A Rajoy lo que es de Rajoy y a Griñán lo que es de Griñán”, manifestó la consejera para añadir que “si la sociedad no es capaz de distinguir los modelos y las prioridades de los distintos gobiernos, iremos a una democracia de la confusión, que a su vez nos llevará al retroceso social”. Además, reivindicó su derecho, como ciudadana, a lucir en la solapa de su chaqueta un lazo verde como señal de protesta por los recortes en el ámbito educativo.

“Defender hoy día la escuela pública es el mayor gesto de rebeldía social. Los mercados nos quieren ignorantes, por eso la educación es la mejor vacuna contra ello”, sentenció la socialista, quien subrayó que la pretensión de la Junta es “mantener la proporción del 80 por ciento de la escuela pública frente al 20 por ciento de la concertada y privada”, y no aumentar las ratios en las aulas de la comunidad para “salvaguardar el empleo de 3.500 profesores interinos” y seguir cumpliendo “escrupulosamente” los límites legales establecidos en la Ley Orgánica de Educación (LOE). Y es que, según Moreno, el incremento del número de estudiantes por clase sólo se debe producir en situaciones “excepcionales” que obedecen a “necesidades extraordinarias de escolarización” y siempre dentro de los máximos fijados por la legislación.

También el presidente de la Junta afirmó que Andalucía está haciendo lo que debe en materia de educación y que “bajo ningún concepto” quiere ampliar la ratio. “El aumento de horas lectivas no lo hemos aprobado nosotros, lo que pretendemos es no tener que despedir a nadie”, comentó José Antonio Griñán, quien considera que todos los profesionales de la enseñanza “son necesarios” en esta comunidad, en la que, por otra parte, subirá 29 céntimos el precio único por crédito en primera matrícula para todas las titulaciones universitarias de cara al próximo año académico, después de que el Consejo Andaluz de Universidades haya acordado este incremento de las tasas.

Mientras tanto, continúan sucediéndose los actos de protesta por toda España contra los planes de ajuste, como la “segunda semana de lucha” contra los recortes “que se están produciendo en el conjunto del Estado y que nos orientan hacia un modelo educativo elitista”, organizada por la Plataforma Andaluza por la Enseñanza Pública, integrada por sindicatos, AMPAS y estudiantes. En otras comunidades, como Baleares, los padres y madres del alumnado del IES de Sineu aprobaron por unanimidad que sus hijos no empiecen el próximo curso “con las actuales condiciones de reducción de profesorado y grupos”, ya que éstas “afectan gravemente” a la calidad de la enseñanza, mientras CCOO, UGT, STEI-i y ANPE anunciaban una huelga en la educación de las islas coincidiendo con el inicio del año escolar, previsto para el 13 de septiembre. En estos meses previos, los sindicatos celebrarán asambleas con los trabajadores en las que se determinará la intensidad y la duración de los paros.

Por otra parte, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras denunció que miles de docentes con destino definitivo perderán de forma provisional (figura conocida como ‘desplazado’) o de forma definitiva (‘suprimido’) sus puestos de trabajo obtenidos en los concursos de traslados por los “brutales recortes” del Gobierno y por las medidas de contención del déficit que, en el caso de Navarra, supondrán además el despido de medio millar de docentes, según el colectivo de interinos de Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Foral, que se sumarán “a los 250 profesores que se despidieron el año pasado”.