Para el curso próximo, la renovación de la beca general pasará necesariamente por superar el 65 por ciento de los créditos matriculados en Arquitectura e Ingeniería (antes era el 60 por ciento); el 90 por ciento en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (antes, el 80 por ciento); y el 80 por ciento en Ciencias y Ciencias de la Salud (que se mantiene el mismo porcentaje). En las enseñanzas no universitarias, estos requisitos se limitan a la beca salario, puesto que para la general sólo es preciso un aprobado. De esta forma, los estudiantes de primer curso de Bachillerato deberán haber obtenido una nota media de 5,5 puntos en cuarto de ESO, los de primero de Formación Profesional de Grado Superior tendrán que alcanzar un 5,5 en segundo de Bachillerato y los de primero de FP de Grado Medio sólo habrán de estar matriculados del curso completo. Para mantener la ayuda en los años posteriores en las enseñanzas postobligatorias, se exigirá pasar de curso con una única asignatura pendiente como máximo o haber superado un número de módulos que supongan como mínimo el 85 por ciento de las horas lectivas totales.

Los umbrales de renta y patrimonio familiar se mantienen respeto del año anterior, pero se reduce la cuantía del componente de residencia y de compensatoria para los becarios de FP que seguían cursos de 2.000 horas y se suprime el suplemento de ciudades para los estudiantes no universitarios con componente de residencia, que consiste en 204 euros que reciben los alumnos que cursan estudios presenciales en una población de más de 100.000 habitantes.

Por otra parte, Wert ha presentado ya ante el Consejo de Ministros el informe del anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, a través de la cual el Gobierno central acometerá la reforma educativa, con la que se pretende responder a la “preocupación principal” del Ejecutivo: lograr reducir las tasas de abandono y fracaso escolar en España para acercarlas a los índices de la Unión Europea. Esperanzado en que la norma cuente con el mayor consenso de los grupos políticos y la comunidad educativa, el titular del ramo avanzó que el texto, por el que se modificará la LOE, contempla adelantar a tercero de la ESO la elección del itinerario hacia la Formación Profesional o el Bachillerato mediante la combinación de asignaturas optativas, y convertir cuarto en el “curso de iniciación” hacia cualquiera de estas dos opciones formativas. 

También se facilitará el acceso desde la FP de Grado Medio a la de Grado Superior, se reducirá el número de asignaturas optativas en ESO y Bachillerato y se aumentará la carga lectiva de las materias instrumentales (Matemáticas, Lengua, Ciencias e Inglés) en todos los niveles, especialmente en Secundaria. Asimismo, se prevé establecer por ley la realización de evaluaciones “censales, externas y nacionales” al final de cada etapa, con pruebas que serán diseñadas por el Gobierno en la parte de enseñanzas mínimas y por las Comunidades Autónomas en la parte restante. Junto a todo ello, se potenciará el plurilingüismo, se promoverá la especialización de los centros y se les dará una mayor autonomía en su gestión, al tiempo que se impulsará el uso de las TIC.

“Deseamos abrir un diálogo muy abierto no sólo con la comunidad educativa, que es primordial, sino con toda la sociedad y las fuerzas políticas. Cuanto más amplio sea el acuerdo, más fácil será que se cumpla con esa condición de estabilidad que todos los estudios internacionales señalan como una de las claves de éxito”, declaró ministro, quien incidió en la importancia de que la repercusión de dicha ley se mida por los avances que haga el alumnado y no por el presupuesto que asigne el Estado a esta materia, dado que, en su opinión, invertir más fondos no garantiza mejores resultados. “Evidentemente, los recursos son una parte, pero la racionalización se puede compensar, siempre en términos razonables, con una utilización más eficiente combinada con una arquitectura, una visión y unos valores más adecuados”, apostilló.

Además, recalcó que “es muy importante que el sistema mejore los desajustes: un país con un 52 por ciento de desempleo juvenil demuestra que su sistema educativo no es eficiente para conseguir que los jóvenes que quieran incorporarse al mercado de trabajo puedan hacerlo”.