A la reunión también acudió la consejera de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat valenciana, María José Català, quien planteó a Wert diversas propuestas, como la exigencia del requisito lingüístico a los docentes para garantizar el dominio de lenguas extranjeras entre los profesionales del ramo, la necesaria acreditación de conocimientos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la apuesta por la Formación Profesional dual o la profesionalización de la función directiva en los centros escolares.

Al término de dicho encuentro, que se enmarca dentro de la ronda de contactos que el ministerio está manteniendo con la comunidad educativa en distintos puntos de la geografía española, Wert agradeció las propuestas recibidas por parte de los asistentes y la “buena acogida que está teniendo el borrador de la reforma en todas las reuniones”. Sin embargo, el texto también cuenta con detractores. Es el caso del vicepresidente y consejero canario de Educación, Universidades y Sostenibilidad, quien mantiene que las medidas que viene adoptando el Ejecutivo central dificultan el acceso del alumnado a la enseñanza pública y de calidad. Tras celebrarse la Comisión Permanente del Consejo Escolar de esta región para analizar el anteproyecto de ley, José Miguel Pérez manifestó el interés de su Gobierno por conocer el parecer de la comunidad educativa, de la que “queremos conocer su valoración sobre los movimientos que plantea el ministerio”.

A su juicio, el departamento que capitanea Wert busca “acabar con el sistema público educativo tal y como se conoce”, blindando la enseñanza “a aquellos que tienen más posibilidades económicas” y situando a los jóvenes pertenecientes a familias con menos recursos ante una “carrera de obstáculos en sus estudios y formación”. “No es de recibo -apostilló- que se intente reservar la educación a una minoría y dejar a la inmensa mayoría en el desamparo educativo, que es lo que parece perseguir este Gobierno”.

En similares términos se pronunció la consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, quien tras reunirse con los representantes de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Enseñanza Pública (que integra a sindicatos, a asociaciones de padres y madres del alumnado y a estudiantes) alertó de que “se está poniendo en serio riesgo la calidad y la equidad de la educación” por “dificultades presupuestarias y decisiones ideológicas”.

También el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, que será el órgano encargado de redactar en esta comunidad las alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, admitió que hay elementos de la reforma que “no le gustan”, como las continuas reválidas, con las que está “en total desacuerdo”. No obstante, Ernesto Gómez abogó por “contar con las opiniones de todos los sectores, no sólo los que componen el Consejo, sino algunos que también son representativos de la sociedad educativa de Andalucía, para poder llegar a un informe lo más valorativo posible”.