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Ni las protestas contra la LOMCE ni la oposición de cinco comunidades a la futura ley 'amedrantan' al ministro

12/02/2013 - J.H./E.N.
Ni el rechazo que ha suscitado el borrador de la reforma educativa entre miles de profesores y estudiantes, ni la oposición que han mostrado cinco comunidades autónomas al texto han servido para que José Ignacio Wert se plantee retirar el anteproyecto de ley. Según el ministro, la futura norma, que una vez que entre en vigor “no sería necesario revisar hasta 2050 aproximadamente”, tendrá como objetivo afrontar las debilidades del actual modelo de enseñanza, combatiendo problemas como la elevada tasa de abandono escolar prematuro, y no adoctrinar al alumnado desde el punto de vista ideológico, como han denunciado partidos de la oposición y sindicatos. Muchas de estas organizaciones respaldaron la última de las grandes manifestaciones celebradas contra la LOMCE, con la que concluyeron las 72 horas de huelga convocadas por el Sindicato de Estudiantes (SE) en el marco de la segunda ‘Semana de Lucha’ estudiantil.




“Esta reforma la vamos a parar” o “Gobierno dimite, el pueblo no te admite” fueron algunas de las proclamas que pudieron oírse durante las marchas reivindicativas que recorrieron las calles de las principales ciudades del país. En estos actos de protesta participaron alumnos, familiares y docentes no sólo para pedir la retirada del borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, sino también para exigir el cese de los recortes en la enseñanza y la dimisión del ministro del ramo. “Que se vayan todos a Suiza, pero que el dinero se quede aquí”, exclamó el secretario general del SE, Tohil Delgado, quien pronosticó que la LOMCE “hará que los empresarios de la escuela privada vuelvan a tener el mejor negocio”. “Somos los estudiantes, los profesores y nuestros padres y madres los que les decimos que no queremos esta contrarreforma  -añadió-; lo que tienen que hacer es una reforma para el conjunto de las familias trabajadoras de los jóvenes de los barrios obreros, los mismos que sufrimos el 55 por ciento de paro y que tenemos que emigrar a otros países a buscar un trabajo”.

Por su parte, la secretaria general de FE-CCOO de Madrid, Isabel Galbín, denunció que la LOMCE “va a dejar a la ciudadanía sin su derecho constitucional a la educación”, mientras que el máximo responsable de FETE-UGT, Eduardo Sabina, lamentó que la futura norma apueste “por la segregación del alumnado en función de su capacidad económica”. Para el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, es una ley “profundamente injusta, obsoleta y caduca”, con la que se pretende volver al modelo de enseñanza de “mediados del siglo pasado, en el que había más del 70 por ciento de abandono escolar temprano”.

Wert, sin embargo, rechazó tales acusaciones, argumentando que la reforma tiene como metas identificar las carencias del sistema actual y aplicar herramientas que garanticen su calidad y efectividad. A esto se une, según el ministro, la falta de criterios claros que determinen con exactitud las competencias que corresponden a cada administración, lo que ha venido desembocando en una enorme diversidad en lo que se refiere a los resultados educativos, que son cada vez más dispares entre las comunidades autonómicas.

Un texto sin consenso
Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco son las cinco comunidades que se han mostrado disconformes con el anteproyecto de ley, así como con la memoria económica presentada por el ministerio para sufragar los costes directos de su implantación durante los tres primeros años, al considerarla “inviable”. “Dudamos de cómo podemos poner en marcha una reforma sin tener una economía suficiente”, indicó la viceconsejera canaria de Educación y Universidades, quien dijo que “nunca en la historia de España” se ha afrontado una iniciativa de esta magnitud “en momentos de recesión”. Ante esta premisa, Manuela de Armas sentenció que la LOMCE no es “ni conveniente ni oportuna”.

En similares términos se pronunciaron las consejeras del ramo de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno vasco. Tras su participación en la Conferencia Sectorial de Educación, Irene Rigau recalcó que la aplicación de la norma será incompatible con el desarrollo de las políticas de austeridad que afectan al sistema educativo y que se prolongarán, al menos, hasta 2015, mientras que Cristina Uriarte apuntó que “en estos momentos de crisis económica nos parece inabordable e inviable poner en marcha esta ley”.

Por su parte, la titular de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, Ana González, lamentó que la LOMCE nazca “sin consenso político y social”, y con una memoria económica que “está mal hecha” y que “no refleja el coste real” que supondrá su implantación. “No se sabe cómo se va a distribuir el dinero que se dice que va a suponer la contrarreforma”, con la que el Gobierno central quiere “crear una educación de primera y otra de segunda categoría, además de generar un sistema que aboga por la jerarquización y la exclusión”.

Una “receta tóxica”
Más contundente aún se mostró su homóloga andaluza, Mar Moreno, quien se abstuvo de valorar el aspecto de la financiación porque considera la LOMCE una “receta tóxica”, y entrar en el debate económico sería “confundir el precio con el valor” de la enseñanza. Tras criticar que el departamento que capitanea José Ignacio Wert pretenda aprobar “en solitario” una iniciativa “de tanto calado y tan radical”, destacó que las cinco comunidades que se oponen al borrador “representan al 45 por ciento de la población española”. “Siempre en educación es deseable el consenso y, desde ese punto de vista, no podemos estar a favor de una reforma educativa que va a hacer la escuela más pequeña, con menos recursos, menos profesorado y más segregación y barreras”, apostilló.

En esta comunidad más de diez mil personas acudieron a las últimas manifestaciones convocadas en distintos puntos de la geografía andaluza para protestar por los recortes en materia educativa y contra la LOMCE. Así lo indicó el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, quien recordó que “estas movilizaciones se están realizando desde toda la comunidad educativa, es decir, el profesorado, los padres y madres, y los propios estudiantes, porque es un ataque a la escuela pública y no sólo a las condiciones laborales de los trabajadores”.

Una visión diametralmente opuesta es la que tienen las regiones gobernadas por el Partido Popular, para cuyos dirigentes la reforma es necesaria y su memoria económica, aceptable, aunque reclaman un margen de mejora para la financiación. Algunos representantes autonómicos, como la consejera extremeña Trinidad Nogales, han solicitado al ministerio que los criterios para el reparto de los recursos entre las comunidades “tengan en cuenta características específicas” de cada territorio, “como la dispersión o la ruralidad”, mientras que otras, como la aragonesa Dolores Serrat, han admitido que “los números pueden quedarse un poquito cortos”. 

Los socialistas, sin embargo, no desisten y reclaman por enésima vez al Gobierno que retire la “innecesaria e injusta” norma y dedique el “poco dinero que rescata de los recortes” a mantener el sistema público de enseñanza. “Wert, que se ha presentado como adalid de la recentralización, ahora quiere que sean las autonomías las que paguen la factura de su reforma”, manifestó la secretaria de Educación y Cultura del PSOE, María del Mar Villafranca, quien acusó al ministro de hacer un “ejercicio de cinismo” al presentar una memoria de financiación de la LOMCE “para segregar, mientras elimina todos los programas de avance en educación”. “Los resultados de estas cuentas son menos programas de apoyo escolar, congelación de la oferta de plazas de cero a tres años para poder pagar revalidas, una disminución adicional de profesorado y financiación de colegios que segregan por sexos”, aseveró la socialista.

Tras la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el pasado 7 de febrero, el ministerio dio por terminada la ronda de negociaciones con las comunidades autónomas, y envió el anteproyecto de la LOMCE al Consejo de Estado que, una vez que analice el texto, lo volverá a remitir al Consejo de Ministros para su aprobación como Proyecto de Ley. Posteriormente, se iniciará su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
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