El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, aboga por no escatimar esfuerzos en lograr que los colegios e institutos sean “seguros” y que “las agresiones queden erradicadas”. Por ello, junto al “apoyo jurídico que asiste a todos los trabajadores del sistema educativo público”, cree necesario que la consejería “se persone como parte” en los casos sobre agresiones de las que son víctimas los docentes. En este sentido, el dirigente sindical anima al departamento que capitanea Teresa Jiménez a involucrarse en estos asuntos como lo hace la Consejería de Salud cuando quienes sufren estos ataques son empleados de los centros sanitarios.

Comisiones Obreras argumenta que, ante los casos de maltrato a los profesionales de la enseñanza -que son episodios “puntuales”, según la central- “desde los tribunales cada vez las sentencias son más tajantes”, considerando dichos sucesos como “atentados contra autoridad pública, tal y como establece el Código Penal”. En este punto, la organización sindical recuerda que ya reivindicó este extremo durante la reunión mantenida con el  Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y así se viene solicitando desde el Ministerio Público en los juicios que se celebran contra los agresores a maestros y profesores. De hecho, “son ya varias las condenas en este sentido”.

Además de lo anterior, y de que los docentes reciban asistencia jurídica y psicológica cuando sufren dichos ataques, la Consejería de Educación “debe dar un paso más y personarse cuando se producen estos hechos delictivos”, pues CCOO ha constatado que “en ocasiones el profesorado se siente amenazado por sus agresores en un intento de estos de evitar que se formulen las denuncias” pertinentes. Y es que “la consejería -según arguye Blanco- tiene la obligación de responder ante sus trabajadores como hace el resto de las administraciones públicas”.

Modificación de la Ley del Menor y órdenes de alejamiento

Otras organizaciones, como ANPE, solicitan la adopción de medidas legales para proteger al profesorado ante los episodios de violencia en las aulas, y entre otras iniciativas apuesta por la modificación de la Ley del Menor, para que contemple una orden de alejamiento en los casos en los que el profesional es agredido por los propios alumnos, puesto que los estudiantes, según el actual legislación, únicamente pueden ser sancionados con una expulsión. Para Enrique Álvarez, asesor jurídico de este sindicato (que asegura que casi el 20 por ciento de los profesores denuncian agresiones, amenazas y acoso), “es necesario reforzar la autoridad penal” del docente, “que contemple la presunción de veracidad de este colectivo y reconozca como atentado contra su autoridad pública cualquier amenaza por ser el responsable y el garante del Derecho a la Educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española”.

Por su parte, la psicóloga Inmaculada Suárez, se lamenta de que “abofetear a un profesor sale muy barato, unos cien euros de multa aproximadamente”. Bajo esta premisa, insiste en la necesidad de propiciar un cambio de actitud en las familias con respecto a la autoridad y dignidad de los profesores, para que colaboren en sus decisiones y no defiendan por norma a sus hijos. En opinión del presidente de ANPE Madrid, Fernando Jiménez, “los padres son los principales responsables de los delitos de sus hijos y tienen que saber que estos deben pagar por ellos”.

A juicio de los citados expertos, la conflictividad en las aulas es el reflejo de un problema social de gran calado, asociado a diversos aspectos como el abandono de las responsabilidades educativas por parte de las familias, la ausencia de normas en la educación, la crisis de valores, el descrédito de la autoridad, la violencia ambiental que rodea a los jóvenes y el mal uso de las nuevas tecnologías.

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Para ampliar información

◘ Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos de Andalucía.

◘ Protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos de acoso, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y servicios, o maltrato infantil.