De momento, el departamento que dirige Francisco Álvarez de la Chica se ha mostrado dispuesto a estudiar una posible revisión del baremo que ahora se utiliza para calcular la nota final de acceso a la función pública docente para dar más de peso a la experiencia, pero nunca priorizando esta condición por encima de la calificación del examen de las oposiciones. La derogación del Decreto 302, sin embargo, no sería un asunto negociable.

Los sindicatos mayoritarios del ramo (a excepción de FETE-UGT, que sí respaldó la aprobación de la norma) insisten en que este sistema perjudica a los profesionales de la enseñanza que accedieron a la docencia en régimen de interinidad después del 30 de junio de 2010, puesto que su experiencia no tiene tanto peso como la de los compañeros que pudieran acreditar tiempo de servicio acumulado antes de esa fecha. Además, estas organizaciones advierten que emplear “dos criterios distintos para ordenar a los interinos en una misma bolsa parece ser de dudosa legalidad”.