A juicio de Moreno, todas estas iniciativas forman parte “del obús que el PP ha lanzado contra la enseñanza pública” y cuyo efecto es “mucho más destructivo” al imponer “un objetivo de déficit desmedido” a las comunidades autónomas, porque se “estrangula” la financiación de la educación. Con respecto a la aplicación de la medida relacionada con el incremento en un 20 por ciento del número de estudiantes por clase, anunció que se adoptará una u otra postura una vez que se haya reformulado el presupuesto de la Junta para ajustarlo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, lo que permitirá conocer los recursos con los que cuenta la educación andaluza como consecuencia del recorte de 2.700 millones de euros impuesto por el Ejecutivo central. No obstante, criticó que “decir que la decisión del aumento de la ratio es voluntaria es una broma de mal gusto”.

En la misma línea se ha situado el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, aunque éste aclaró que el incremento de la ratio en los colegios e institutos de esta comunidad es una posibilidad que, en estos momentos, “no está sobre la mesa” del Gobierno autonómico. Según el representante de IULV-CA, socio del PSOE en el Ejecutivo regional, “cada Consejo de Ministros supone un viernes de dolores para los andaluces”, que padecen “una política de recortes impuesta, no dialogada y sobrevenida” del Partido Popular.

Por su parte, CCOO y UGT han pedido al departamento que vuelve a capitanear Mar Moreno que recurra el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo aprobado el pasado 20 de abril, pues la implantación de medidas como el aumento del número de estudiantes por aula podría implicar que las clases de Infantil y Primaria llegaran a albergar a 30 alumnos y las de ESO y Bachillerato a 35 y 42, respectivamente, con los consecuentes efectos que esto tendría para la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales de los docentes.

Tampoco la Central Sindical Independiente de Funcionarios está a favor de estas medidas, que considera “desproporcionadas e injustificadas” y detrás de las cuales “puede ocultarse un cambio de modelo educativo”. En opinión de los responsables de esta organización, “los recortes anunciados van directamente al centro neurálgico de la educación. Aumentar ratios y la jornada lectiva del profesorado, disminuir las plantillas, reducir la oferta educativa, acabar con los programas de atención a la diversidad y endurecer hasta límites difíciles de comprender las condiciones laborales de los docentes van a producir muchos más problemas de los que van a resolver”, advierte CSI-F.

En medio de esta tempestad, Mar Moreno ha insistido en que, de momento, la Junta seguirá esforzándose por mantener la ratio vigente en la actualidad de 25 alumnos por aula en Infantil y Primaria, de 30 en Secundaria y de 35 en Bachillerato, con un aumento del 10 por ciento en casos excepcionales por alta demanda. No obstante, instó a esperar a la reformulación del presupuesto autonómico para comprobar cómo afectarán las nuevas cuentas a la educación que, en todo caso, es un ámbito prioritario para el Gobierno de José Antonio Griñán. Eso sí, recalcó que “la comunidad educativa tiene derecho a conocer la verdad y a ser escuchada antes de tomar cualquier decisión que le afecte”.