Comisiones Obreras denuncia que las administraciones educativas “no han estado a la altura de lo exigible a la hora de plantear la vuelta a las aulas en septiembre” y critica que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha ido rebajando las exigencias ante la presión de las comunidades autónomas “para eliminar las cautelas que garantizaban la seguridad de cara al nuevo curso” frente al coronavirus. Ante este panorama, el sindicato no descarta movilizaciones.

Como ejemplo, la Federación de Enseñanza de CCOO ha indicado que de establecerse una ratio máxima de 15 alumnos por grupo se ha pasado a 20 o 25, según diferentes documentos, y “lo mismo ha sucedido con la distancia mínima”, que se ha reducido de 2 metros a 1,5, cuando no se ha eliminado esta referencia, sustituyéndola por el uso de mascarillas u otras medidas higiénicas.

“La mayoría de las CCAA han presionado al MEFP para rebajar las exigencias de seguridad” y el resultado es que, en la mayoría de los casos, la vuelta a clase será “similar a la del último curso, esto es, sin poner recursos extraordinarios que permitan atender a la situación sanitaria y educativa como consecuencia de la pandemia”, advierte la organización sindical. A esto se suma que algunas comunidades autónomas “están planteando recortes de profesorado y cierre de unidades en la enseñanza pública”, según FE-CCOO, que califica de “profundamente irresponsable” estas propuestas dada la situación actual.

Para esta federación, retomar la enseñanza presencial “exige dotar al sistema educativo de recursos extraordinarios que sirvan para garantizar una presencialidad segura y para atender al alumnado en situación de desventaja social”, por lo que ha pedido que se realice una inversión extraordinaria de 7.385 millones de euros para reforzar las plantillas, mejorar los recursos tecnológicos y ejecutar obras de adaptación en los centros, entre otras actuaciones.

En este contexto, Comisiones Obreras considera insuficientes los 2.000 millones de euros planteados por el Gobierno para adaptar y cubrir las necesidades de la educación tras la crisis del Covid-19 y exige que su transferencia a las comunidades autónomas se vincule a la puesta en marcha de programas concretos para reforzar las medidas de seguridad e higiene y la inclusividad en el sistema educativo, prestando especial atención al alumnado más desaventajado y al refuerzo de las plantillas docentes y de personal de servicios.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios presentó al Consejo Escolar un plan a medio plazo para reconstruir la educación española tras la alerta por el coronavirus. Entre otras medidas, CSIF propone reforzar las plantillas docentes, con la incorporación de 40.000 profesionales, para reducir la ratio de aulas por aula como medida de protección sanitaria; garantizar una inversión mínima por alumno/a de unos 5.800 euros anuales e incrementar el gasto educativo hasta alcanzar el 7% del PIB; y establecer un modelo curricular estable y más simple, que atienda a las necesidades de la pandemia.

“El curso 2020-2021 será muy complejo y es urgente acordar las condiciones sanitarias y de prevención para la vuelta a las aulas”, reclama este sindicado, que ve “inadmisible que se pretenda duplicar el trabajo del profesorado reduciendo ratios de alumnos por aula para mantener la distancia de seguridad, pero sin una dotación adecuada de recursos humanos”.