La ministra de Educación y Formación Profesional ha informado de que el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que en la práctica derogará la LOMCE, ya listo para su tramitación parlamentaria. En este sentido, ha explicado que la futura norma supondrá un “cambio trascendental” para el sistema educativo basado en la excelencia y la equidad, y permitirá actualizar el currículo e impulsar la digitalización de la enseñanza.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación y FP del Congreso, donde presentó las principales líneas de trabajo de su ministerio para la presente legislatura, Isabel Celaá adelantó que “en las próximas fechas propondremos un anteproyecto de ley que asiente la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los consensos sociales alcanzados en estos años” para garantizar su estabilidad. El texto, además, incluye el enfoque de los derechos de la infancia como principio rector y el fomento de la igualdad de género y de la educación para el desarrollo sostenible.
En cuanto a la modernización del currículo, la nueva ley posibilitará que la enseñanza huya del aprendizaje enciclopédico y memorístico, para lo cual se reforzará el “enfoque competencial”, se eliminarán algunos contenidos que añadió la LOMCE y se introducirán “nuevos saberes fundamentales que no están presentes” en la actualidad, según avanzó la ministra, quien señaló que todo ello se acometerá en coordinación con las comunidades autónomas.
El anteproyecto también marca un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley, para presentar una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. Entre los principales cambios que se pretenden introducir destaca el establecimiento de una fase de incorporación progresiva de los profesionales de la enseñanza, que consistirá en un año de prácticas tuteladas. En este contexto, el MEFP abrirá un debate para la actualización del marco de la formación continua y la evaluación del desempeño, y trabajará para alcanzar el tan ansiado Estatuto del Personal Docente.
Por otra parte, Celaá anunció la elaboración de un proyecto de ley que articulará por primera vez los dos modelos de Formación Profesional (la FP del sistema educativo y la FP para el empleo), al tiempo que defendió la importancia de llegar a un amplio acuerdo para la modernización del sistema en el marco del I Plan Estratégico de FP 2019-2022, aprobado hace unos meses por el Gobierno para adaptarlo a las necesidades de la nueva economía. Con dicha estrategia se busca diseñar una oferta única y flexible, y garantizar el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas durante la experiencia laboral.
Para llevar a cabo esa tarea, es imprescindible la participación del sector empresarial, de los interlocutores sociales y de otras entidades y organismos; y será, además, en el marco de esa colaboración donde se aborde la regulación básica de la FP Dual, con el fin de “dotarla de cierta homogeneidad regulando aspectos básicos”. Así lo indicó la ministra, quien también confirmó que se crearán 200.000 plazas de Formación Profesional en los próximos cuatro años, se diseñarán ochenta nuevas titulaciones, se actualizarán las ya existentes y se introducirá un módulo de digitalización en todos los títulos.
Respecto al primer ciclo de Educación Infantil, el Gobierno, en coordinación con las administraciones educativas, pondrá en marcha un plan para extender la enseñanza de 0 a 3 años, con el propósito de “avanzar hacia una oferta suficiente con equidad y calidad y que garantice el carácter educativo” de esta etapa, en la que se priorizará el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.
Durante su comparecencia, la ministra también se refirió a las becas, “un instrumento esencial para lograr la equidad en la educación”, reafirmando el compromiso del Ejecutivo para alcanzar una política en este ámbito que garantice que “ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos”. Con este objetivo, se revisarán los umbrales, se modificarán los requisitos académicos para obtener ayudas y se flexibilizará el sistema de forma que sea posible compatibilizar el estudio y el trabajo.