La Conferencia Sectorial de Educación, en una nueva reunión conjunta con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha aprobado el nuevo protocolo de medidas higiénico-sanitarias en centros educativos para asegurar que el próximo curso sea seguro frente al COVID-19 y plenamente presencial. El documento, que se irá adaptando a la evolución de la pandemia, plantea distintos escenarios en función de la situación epidemiológica en cada territorio.
Con este acuerdo, se garantizará “la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas educativas”, ya que, tal y como ha expresado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, “si este curso hemos conseguido mantener la escuela abierta, el próximo curso debemos hacerlo aún con mayor determinación y con la misma seguridad”.
Entre las medidas incluidas en el protocolo, destaca el mantenimiento de los grupos de convivencia estable en Educación Especial, Infantil y los cuatro primeros cursos de Primaria. En quinto y sexto podrán organizarse, asimismo, ‘grupos burbuja’ o imponerse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, con posibilidad de reducirla a 1,2 metros. También en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas y Deportivas se permitirá esta disminución de la separación entre alumnos. La mascarilla, en cualquier caso, seguirá siendo obligatoria a partir de los seis años, según se establece en el documento, que destaca la necesidad de reforzar la ventilación cruzada en las aulas y mantener las medidas de higiene.
Durante la reunión, en la que además de Celaá han participado la ministra de Sanidad, Carolina Darias; el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta; y los consejeros autonómicos de Educación y de Sanidad, la máxima responsable del MEFP ha pedido a las comunidades mantener los refuerzos de profesorado durante el curso 2021-2022 con el fin de garantizar la calidad de la enseñanza y la presencialidad plena en todas las etapas educativas.
Para la ministra, “algunas de las medidas adoptadas con carácter extraordinario tienen que permanecer”, por lo que “las comunidades autónomas deben comprometerse a que, al menos, se mantengan los recursos docentes de refuerzo con los que han contado este año”. A este respecto, ha abogado por “convertir la adversidad en una oportunidad para acelerar la recuperación de un sistema educativo que se enfrentó a la pandemia tras años de recortes y debilitamiento, y que debe consolidar los refuerzos con los que se ha fortalecido durante estos meses”.
Isabel Celaá ha recordado que el Gobierno destinará a las CCAA 13.400 millones de euros extraordinarios para la lucha contra el COVID-19 y pondrá a su disposición los 10.000 millones del REACT-UE, un fondo de inversión rápido que permitirá inyectar en educación, sanidad y políticas sociales 8.000 millones este mismo año y otros 2.000 millones en 2022. Las comunidades autónomas han presentado ya sus peticiones para el reparto de este mecanismo europeo y recibirán, en base a las prioridades expresadas, casi 1.750 millones en dos años para educación.