El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha descartado la posible implantación del ‘pin parental’ en esta comunidad autónoma, destacando la importancia de “poner sentido común a esta demanda y hacer ver que no es necesario bajo ningún concepto”. Para Javier Imbroda, “nuestro sistema ya tiene cauces para que las familias puedan decidir a través de claustros y consejos escolares”, por lo que, a su juicio, “no hay lugar a esa cuestión”.
Tras reunirse con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, el consejero andaluz ha declarado que el debate sobre el ‘pin parental’, propuesto por Vox, lo que hace es “empequeñecer la discusión”, cuando “los temas que tratamos están por encima de cosas que distraen y entretienen”. En todo caso, Imbroda ha defendido la tarea de supervisión que se realiza a través de inspección educativa, al tiempo que ha resaltado que, en “una comunidad como Andalucía, con dos millones de alumnos y 150.000 docentes, solo ha habido uno o dos casos de quejas” en ese sentido.
Según recuerda el diario ABC, la imposición del ‘pin parental’ o solicitud de autorización expresa de los padres de un alumno para que éste pueda participar en actividades complementarias organizadas por su centro educativo dentro del horario escolar, cuando éstas versen sobre contenidos que afecten a cuestiones morales, sexuales o de conciencia, fue una de las condiciones que puso Vox para apoyar los presupuestos en Andalucía, comunidad en la que gobiernan PP y Ciudadanos. Por ello, a raíz de las manifestaciones de Imbroda, el portavoz del grupo parlamentario de ese partido, Alejandro Hernández ha advertido que, “si llegados al caso, la consejería (de Educación) no cumple” las condiciones del pacto, las iniciativas que se lleven a debate en el Parlamento andaluz “igual no cuentan con nuestro apoyo”.
Las declaraciones del consejero andaluz se producen un día después de que su homóloga murciana, Esperanza Moreno, anunciara una rebaja de las condiciones en la aplicación del ‘pin parental’ en la región, de modo que la autorización paterna sólo se requerirá en actividades escolares complementarias que no sean impartidas por funcionarios públicos, como agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado o personal sanitario. Además, “el silencio de los padres se considerará positivo y no negativo, como hasta ahora, es decir, si un menor no entrega la autorización, asistirá a la actividad, y solo se quedará fuera si sus progenitores manifiestan expresamente que no consienten la asistencia de sus hijos”, según recoge el periódico El Mundo.