La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha denunciado que “la educación pública padece un déficit” de 50.618 docentes “desde los recortes de 2010” y “altos niveles de interinidad”, que se sitúan en el 27,46% por ciento de media. Estos datos están recogidos en un informe dado a conocer con motivo del inicio del curso escolar por CSIF, que exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional abrir un proceso de negociación con las organizaciones sindicales.
El déficit de plantilla, que conlleva “ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado, clases sin refuerzos para apoyos y desdobles”, es uno de los “graves problemas estructurales” de la escuela pública, a juicio de este sindicato, que asegura que las comunidades autónomas “han ‘despedido’ al 75 por ciento de los refuerzos contratados por el COVID”. A esto se suma “un caos organizativo derivado de la aplicación precipitada de la LOMLOE”, con “improvisación de currículos, aumento de la burocracia, etcétera”.
En cuanto a la tasa de interinidad, que, según la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, no podrá superar el 8% a partir de 2025, CSIF reclama la convocatoria de 101.123 plazas para alcanzar este objetivo, 27.823 para la tasa de reposición (cobertura de las jubilaciones previstas) y más 50.000 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010. O lo que es lo mismo: sería preciso ofertar un total de 179.564 plazas en los próximos dos años para reforzar las plantillas y disminuir la temporalidad “como exige Europa”.
“A esta situación -apunta la central sindical- se añade la entrada en vigor de la nueva Ley Educativa que ha provocado aún más caos” en las comunidades autónomas y entre el profesorado, ya que implica “una burocracia extraordinaria sin que se solucionen algunos de los problemas estructurales del sistema educativo”. Esto “tiene como consecuencia que entre el personal docente haya una sensación de escepticismo, desilusión y cansancio porque no confían en la nueva norma y no piensan que la calidad de la educación vaya a mejorar, al no abordar los problemas estructurales”, según CSIF, que considera esencial que la puesta en marcha de la LOMLOE se haga “de manera homogénea” en todas las autonomías.
Asimismo, pide abordar el incremento de la financiación en educación y solventar el déficit de 6.930 millones de euros en inversión educativa que, atendiendo a sus datos, existe en la actualidad en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación. También exige abrir un proceso de negociación en torno a la mejora de las condiciones laborales del profesorado, así como de sus retribuciones. En este sentido, el sindicato ha advertido de que ya está pulsando la opinión de los docentes y si el Ministerio de Educación y Formación Profesional no abre este proceso negociador, “valorará el inicio de movilizaciones”.