CSIF ha denunciado, con motivo del inicio del curso escolar, que la educación pública padece un déficit de 45.778 docentes y una tasa media de interinidad en el profesorado del 21,06%. Esta “alta inestabilidad” de las plantillas, según el sindicato, “reduce la calidad que precisa el alumnado” y conllevará que España incumpla la Ley de Temporalidad, que fija un límite del 8% a partir del 1 de enero de 2025”. A esto se suma que la ratio ha subido a 14,63 estudiantes por docente.
Así lo recoge el ‘Informe de inicio de curso’, presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que advierte de que la escuela pública continúa teniendo “los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por la falta de financiación en educación (por debajo de la media europea)” y las “diferencias injustificables en el rendimiento del alumnado entre las comunidades autónomas”, entre otros obstáculos.
Para CSIF, todo esto se traduce en falta de desdobles y apoyos, y en la perpetuación de otros problemas del sistema educativo español, como el fracaso escolar o la alta tasa de repetición en Educación Secundaria Obligatoria y en estudios posteriores. Además, asegura que se está acometiendo una “privatización” de la Formación Profesional, al tiempo que lamenta que España invierta “un 15% menos que la media de la OCDE en Primaria, un 6% menos en toda la Secundaria y un 30% menos en los estudios universitarios”. A juicio de la organización sindical, “este dato confirma la necesidad de un pacto de Estado por la educación que favorezca el aumento de inversión educativa en centros públicos, reducción de ratios y aumento de las plantillas”.
A las ratios elevadas y al exceso de horario lectivo para el profesorado, se añaden la sobrecarga de trabajo con tareas burocráticas, la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la inflación y un aumento de la diferencia retributiva entre comunidades autónomas, “que puede alcanzar hasta 889 euros mensuales”, según CSIF, que insta a alcanzar “un pacto educativo que aleje a la educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema”. Además, propone, entre otras medidas, mejorar la inversión educativa hasta alcanzar el 7% del PIB, aumentar las retribuciones y aprobar el Estatuto Docente.
Algunas de esas reivindicaciones también las ha vuelto a poner sobre la mesa la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que ha subrayado la necesidad de contar con un Estatuto Docente que asegure “unas condiciones básicas” para todos los profesionales del sector. Este marco normativo específico, que incidiría directamente en la calidad educativa, debería incluir, en opinión de los representantes de FE-CCOO, la disminución de la carga lectiva, la reducción del horario de permanencia y la mejora de las ratios; la subida de nivel para todos los cuerpos docentes; la jubilación anticipada, voluntaria e incentivada; una regulación específica de la salud laboral, incluyendo los riesgos psicosociales; y la mejora real de la formación inicial y permanente.
La rebaja de las ratios de discentes por aula y la reducción del horario lectivo máximo del profesorado han sido, asimismo, dos de las medidas que ha reclamado nuevamente la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, que exige al Gobierno central y a los autonómicos que se comprometan a aportar la financiación necesaria para asegurar la calidad de la educación pública en el conjunto del Estado. Dotar a los centros de más recursos y medios para la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, disminuir las tareas burocráticas del profesorado, negociar un nuevo diseño de la profesión y aprobar el Estatuto Docente que regule la carrera profesional desde la formación inicial hasta la jubilación son otras de las demandas de ANPE.