El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho balance de 2022, un año que ha calificado como “clave para la nueva FP”, en la que el Gobierno ha invertido más de 1.700 millones de euros. Además, el departamento de Pilar Alegría ha destacado las medidas adoptadas para “fortalecer la equidad del sistema educativo”, mejorando la política de becas, apostando por programas de apoyo y refuerzo como PROA+ o impulsando la escolarización temprana.

Uno de los principales logros ha sido la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, en cuyo desarrollo se encuentra inmerso el ministerio junto con las comunidades autónomas y agentes del sector. Esta norma tiene como objetivo la transformación global del modelo de FP y su conversión en un sistema único que permita a los jóvenes acceder a empleos de calidad y que responda con flexibilidad a los intereses, expectativas y aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las demandas de los sectores productivos. El texto, que fue aprobado definitivamente en el Senado el pasado mes de marzo, fue fruto de un intenso proceso de participación durante el cual se recogieron aportaciones de las CCAA, otros departamentos ministeriales, el empresariado, los interlocutores sociales, numerosas asociaciones y entidades, y también de la ciudadanía. Además, contó con los informes favorables del Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General de la FP, Conferencias Sectoriales y del Consejo de Estado.

“En paralelo, el Gobierno ha consolidado su apuesta por la FP como catalizadora del cambio económico y social a través de la financiación, que ha superado los 1.700 millones de euros en este ejercicio”, según han recordado fuentes del MEFP. La mayor parte de esta inversión se ha dirigido a la formación de trabajadores, empleados y desempleados, y al aumento de las plazas en Formación Profesional. En concreto, el ministerio ha financiado la creación de más de 88.000 plazas a las comunidades autónomas, que se suman a las más de 122.000 creadas desde 2020.

Asimismo, se han destinado 41,6 millones de euros a la constitución de la Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional y otros 29,5 millones para la Red de Centros de Capacitación Digital, a lo que se suman las inversiones para la creación y mantenimiento de las Aulas Mentor para la formación de trabajadores en zonas rurales o para el impulso a la acreditación de competencias. Por otra parte, se han creado o actualizado cerca de 120 cualificaciones profesionales, cinco cursos de especialización y varios certificados de profesionalidad, en su gran mayoría conectados con sectores con alta demanda de empleo.

En 2022 también “se ha dado respuesta a una de las reclamaciones históricas de los estudiantes con el adelanto de cuatro meses de la convocatoria de becas”, lo que ha permitido, tal y como asegura el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que los solicitantes de estas ayudas “supieran antes del inicio del curso si cumplían con los requisitos económicos” para recibirlas, “reduciendo así su incertidumbre”. Además, gracias al incremento presupuestario, la gestión se ha agilizado.

La política de becas es una de las prioridades del MEFP, así como una herramienta para garantizar la equidad del sistema educativo, al igual que los programas de apoyo y refuerzo como PROA+, que está implementado en 3.700 centros de todo el país y al que se han destinado más de 118 millones de euros este año. En la misma línea se sitúa el impulso a la escolarización temprana, que también contribuye a avanzar en la conciliación de las familias y, en especial, de las mujeres. Para ello, el Gobierno ha distribuido en 2022 entre las comunidades autónomas 331 millones, que forman parte de un programa a tres años con una inversión total de 670,1 millones para la creación de más de 65.000 plazas públicas y gratuitas en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años). La participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños y niñas, a lo que se une que la disponibilidad y accesibilidad a dichas plazas coadyuva a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social.

Por último, en 2022 se ha empezado a implantar en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria el Plan Código Escuela 4.0, cuyo objetivo es que el alumnado se forme en pensamiento computacional, programación informática y robótica para reforzar su competencia digital. Este programa, que se extenderá a los estudiantes de Educación Secundaria, cuenta con un presupuesto de 356 millones de euros en dos años.