El Consejo de Ministros ha analizado, en primera lectura, el borrador del anteproyecto de la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, con la que el Gobierno pretende conseguir una FP “de primer nivel que dé respuesta a las demandas del mercado laboral” y “a los intereses, expectativas y aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida”, tal y como ha indicado la ministra Isabel Celaá.
Uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Educación y Formación Profesional es “transformar” la FP, según ha reiterado la titular del ramo, quien ha explicado que el nuevo modelo que se plantea “se sustenta en la participación, la corresponsabilidad pública y privada, la estrecha vinculación entre los centros de formación y las empresas, la conexión de la oferta con la realidad laboral, la innovación, la investigación aplicada o el emprendimiento”.
Desde esta perspectiva, el anteproyecto de ley consolida el sistema único de Formación Profesional impulsado por el MEFP (que integra la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo) y persigue convertir estas enseñanzas en una opción “de primera”, que permita además la actualización continua de las competencias profesionales de los jóvenes, los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, la pretensión del ministerio es situar a España entre los países más avanzados del entorno europeo en lo que a la FP se refiere, para lo cual propone un ordenamiento más flexible, que responda a las demandas de formación de la ciudadanía.
En concreto, la futura norma establece una oferta única, modular y flexible dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores (tanto empleados como desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que posibiliten la progresión a través de cinco grados ascendentes: Grado A (acreditación parcial de competencias), Grado B (Certificado de Competencia Profesional), Grado C (Certificado Profesional), Grado D (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior) y Grado E (cursos de especialización, con título de especialista y Máster Profesional).
Esta nueva estructura facilitará el acceso a todo un abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes, que van desde las llamadas microformaciones (Grado A), que son “unidades formativas de corta duración accesibles para cualquier ciudadano”, hasta los títulos y cursos de especialización (Grados D y E). De esta manera, cada persona podrá diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus expectativas profesionales, sus circunstancias personales o sus necesidades laborales.
Asimismo, toda la oferta en ciclos de Grados C, D y E tendrá carácter dual y se dividirá en dos tipos:
• Formación Profesional Dual general: con un periodo de estancia en empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de ésta de asumir hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo. En esta tipología, la fase dual se distribuirá a lo largo de todos los cursos y no tendrá carácter laboral.
• Formación Profesional Dual avanzada: con un periodo de estancia en empresa de entre el 35% y el 50% de la duración total de la formación, así como la impartición por parte del centro de trabajo de hasta un 40% de los módulos profesionales del currículo. En esta modalidad se establece una relación contractual del estudiante con la entidad.
De este modo, se refuerza la relación entre los centros de FP y los centros de trabajo de su entorno, que habrán de establecer previamente la distribución entre ambas partes de las tareas formativas y de los contenidos curriculares, siempre bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas. El anteproyecto de ley, además, establece que cada estudiante deberá disponer de un plan personalizado y crea las figuras del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa, que llevarán a cabo, entre otras tareas, la evaluación de los aprendizajes del alumnado en cada uno de sus respectivos espacios, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro educativo.
El texto llevado al Consejo de Ministros también agiliza el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación, y regula la relación entre los estudios de FP y los universitarios, promoviendo el establecimiento de itinerarios que reconozcan la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas e impulsando modelos de colaboración entre los centros de FP de grado superior y las universidades con el fin de generar trasferencia de conocimiento y experiencia, crear innovación, optimizar recursos y desarrollar proyectos de actuación conjuntos.
Por otra parte, el anteproyecto de ley recoge la creación de nuevos instrumentos de gestión, como el Registro Estatal de Formación Profesional, que permitirá a cualquier ciudadano obtener un informe de vida formativa-profesional actualizado con su experiencia formativa; el Catálogo Modular de Formación Profesional, en el que se determinarán los módulos profesionales vinculados a cada uno de los estándares de competencia; y el Catálogo de Ofertas de Formación Profesional, que incluirá el conjunto de las acciones formativas disponibles. Además, se sustituye el actual Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales por el Catálogo de Estándares de Competencia Profesional, en línea con la terminología europea.
El MEFP también apuesta por un sistema integral de orientación profesional al servicio del ciudadano, basado en el acompañamiento durante el aprendizaje a lo largo de la vida, y por la creación de un nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, al que podrán acceder técnicos superiores de FP en determinadas especialidades. Asimismo, se contempla la inclusión como docentes de Formación Profesional del sistema educativo de profesores y formadores que prestan servicios en otros centros o entidades y la posibilidad de que los profesionales de estas enseñanzas actualicen su formación con estancia en empresas.
Otro aspecto relevante de la futura ley es el que se refiere a la internacionalización de la FP, atendiendo a las recomendaciones de la Unión Europea. En este sentido, el borrador regula la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre centros de distintos países.
Para Celaá, este ambicioso proyecto dibuja una Formación Profesional con “importantes propiedades”, ya que “es acumulable, flexible, capitalizable y acreditable”, además de “contemporánea e internacional”, con “estancias en centros de trabajo de otros países, tanto de estudiantes como de docentes”, y con “una oferta única, diversa, que sume y con la que la persona pueda diseñar su propio itinerario formativo”.
La previsión del Gobierno es que el anteproyecto de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, tras recibir las aportaciones de los interlocutores sociales y los preceptivos informes de los diferentes órganos consultivos, vuelva de nuevo al Consejo de Ministros y, después de su aprobación por parte del Ejecutivo, comience su tramitación parlamentaria en el último trimestre del año.