El Ministerio de Educación y Formación Profesional y los consejeros autonómicos de Educación han validado el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados. Hasta el momento, unos 7.100 alumnos y alumnas procedentes del país en guerra han sido ya escolarizados en centros educativos españoles: el 23% en Infantil, el 50% en Primaria, el 25% en ESO y el 2% en enseñanza postobligatoria.

En el transcurso de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, que ha estado presidida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, se ha decidido además crear un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para coordinar estas políticas y hacer un seguimiento de la situación. De este modo, se podrá recopilar, a nivel comunitario, toda la información referente al número, nivel, aulas y otros datos relevantes sobre los estudiantes desplazados, así como la normativa desplegada y los protocolos desarrollados.

Según fuentes del MEFP, “la primera actuación está siendo la escolarización inmediata de los menores que llegan a nuestro país como consecuencia del conflicto”, de acuerdo con la legislación y la práctica vigente en cada comunidad autónoma. Cataluña, Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía son las regiones que principalmente concentran la distribución de estos alumnos y alumnas. Para facilitar su integración, el Plan de Contingencia prevé la elaboración de materiales didácticos en ucraniano y en español, y su puesta a disposición de las administraciones educativas autonómicas, así como la acogida temporal de docentes procedentes de Ucrania para prestar apoyo a los estudiantes de aquel país en los centros educativos españoles, entre otras medidas.

A nivel comunitario, también se ha puesto en marcha un grupo de trabajo, denominado EU Education Solidarity Group for Ukraine, para recopilar y coordinar la información y poner en común las actuaciones y datos disponibles sobre la respuesta educativa dada por los distintos países de la Unión Europea.

Igualmente, con el objetivo de contribuir a la integración de los ucranianos desplazados, se agilizarán los procedimientos de homologación de los títulos educativos y la acreditación de competencias profesionales. Para ello se contemplan medidas como reforzar de forma temporal y extraordinaria el personal destinado a la información y la homologación de títulos; establecer una interlocución permanente con la Embajada de Ucrania en este asunto; y prolongar, en su caso, los periodos de validez de los documentos provisionales que permiten la continuación de los estudios durante el proceso de convalidación.

En cuanto a la financiación, la Comisión Europea está movilizando fondos para ayudar a los Estados miembros a recibir y apoyar a los ciudadanos ucranianos huidos la invasión rusa, a través de la propuesta Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE). Esta flexibiliza las normas de la política de cohesión para que los fondos no utilizados en el anterior periodo (2014-2020) puedan destinarse a financiar la ayuda de emergencia a los refugiados procedentes de Ucrania. También podrán utilizarse los fondos REACT-UE y los del programa Erasmus+, cuyo destino podrá reorientarse.

“El grueso de los esfuerzos de financiación previstos se destinará a la contratación de docentes, orientadores y personal de apoyo para facilitar el aprendizaje de nuestro idioma y la integración de los menores, al refuerzo de las ayudas educativas a los desplazados y a la adquisición y montaje de potenciales aulas modulares, en caso de que fuera necesario”. Así lo han indicado desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que desde el comienzo del conflicto armado en Ucrania se ha macando como “prioridad absoluta” la escolarización de los niños y adolescentes llegados a nuestro país a consecuencia de la guerra, estando en comunicación con las comunidades autónomas, los demás ministerios y el conjunto de las administraciones públicas, así como con los socios europeos.

Tras la reunión de la Conferencia Sectorial, Tiana ha apuntado que aproximadamente un 39% de los refugiados ucranianos que ha recibido España son menores de 18 años y, aunque la distribución de los menores en los centros educativos se está produciendo con normalidad, hay “situaciones puntuales de concentración en algunos lugares”, lo que ha obligado a tomar medidas excepcionales. Algunos de los sitios en los que se han tenido que crear “aulas especiales” por los “problemas específicos” que se están detectando son Málaga, Castellón, Lleida o Torrevieja (Alicante), donde ya había una población ucraniana “muy grande”, según el secretario de Estado de Educación.