El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta decisión ha suscitado las reacciones de sindicatos, asociaciones de padres y madres del alumnado y escuelas concertadas, que se han posicionado a favor o contra de la LOMLOE.
Según la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, el fallo “avala que no se den subvenciones a centros que segregan por sexo” y señala que la también conocida como ‘Ley Celaá’, “lejos de ser arbitraria, está inspirada en valores constitucionales”. Además, considera “conforme con la Constitución la ausencia de mención a la religión como asignatura en el currículo educativo” y aclara que la “perspectiva de género” a la que se refieren los recurrentes se menciona en la norma como principio pedagógico dirigido a las administraciones y a los centros educativos, “no a los alumnos a quienes el legislador no impone, por tanto, ninguna perspectiva o adhesión ideológica”, tal y como se explica en un comunicado del TC.
Tras conocerse la sentencia, FE-CCOO ha exigido a los gobiernos autonómicos el cumplimiento de la LOMLOE “sin restricciones ni reservas”, al tiempo que ha recordado al Ministerio de Educación y Formación Profesional “la necesidad de actuar de oficio contra cualquier administración” que la incumpla. Asimismo, este sindicato ha asegurado que tanto la ley anterior (LOMCE) “como las políticas educativas que se han venido desarrollando en aquellas comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox han aumentado las desigualdades, la pobreza educativa y la exclusión social, porque los objetivos políticos que se han marcado han supuesto una regresión de la equidad”.
Por su parte, la Plataforma Más Plurales, integrada por otros sindicatos, asociaciones de familias, empresas y distintas organizaciones del sector de la enseñanza concertada, ha mostrado su respeto a la decisión del Constitucional, aunque mantiene su rechazo a la LOMLOE por incluir aspectos “claramente injustos” que “perjudican al sistema educativo y limitan gravemente las libertades y derechos de los ciudadanos”. De hecho, este colectivo asegura que continuará trabajando para que la ley actualmente en vigor sea “cuanto antes” modificada o sustituida y que su aplicación sea lo “menos perjudicial posible”.