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Inspectores de Educación piden afrontar el desarrollo del Estatuto de la Función Pública Docente

07/10/2018 - E.Navas
Once años han transcurrido desde que se publicara el Estatuto Básico del Empleado Público y todavía no se ha desarrollado el Estatuto de la Función Pública Docente. Así lo ha denunciado la Unión Sindical de Inspectores de Educación, entidad que lamenta que “las prioridades hayan sido otras y, por ese motivo, estemos atascados en un aspecto que es esencial para la calidad y equidad del sistema educativo”, cuya eficacia tiene en el profesorado “el pilar que lo sustenta”. Ante tal panorama, USIE exige afrontar una carrera profesional docente que permita la mejora del desempeño laboral, seleccionar de manera rigurosa a los profesionales más cualificados para la docencia, establecer un sistema para la promoción objetiva en el escalafón y eliminar “los puestos designados de forma arbitraria por la autoridad política”.




Según este sindicato, ningún gobierno ha mostrado desde el año 2007 “voluntad política” para llevar a cabo el Estatuto de la Función Pública Docente, que, a juicio de sus responsables, “debe formar parte de ese gran pacto por la educación, sacado de la agenda política por intereses partidistas”. En este contexto, USIE aboga por “definir una carrera profesional seria, rigurosa y con efectos, que incluya, blindar la autonomía e independencia técnica de la inspección de educación como garantía de derechos educativos”, reforzando “su condición de autoridad pública, a efectos de homologar la igualdad entre los ciudadanos”.

Además, dicha organización apuesta por “un modelo de evaluación continua, objetiva, vinculada a un plan de formación y con efectos retributivos y profesionales tanto de equipos directivos como de profesores” y por el “blindaje de la autonomía e independencia técnica de la inspección”. 

El Gobierno ya ha anunciado que convocará un foro de expertos, cuyas aportaciones y opiniones servirán de “punto de partida” para proponer un acuerdo sobre la profesión docente, e impulsará “una política integral del profesorado”, según ha anunciado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. 

Por su parte, la Unión General de Trabajadores ha pedido que la formación del profesorado se considere como “una prioridad en las políticas educativas”, ya que el sistema precisa de un cuerpo docente “bien formado, reconocido socialmente, con una situación laboral digna, bien remunerado, motivado, con recursos apropiados para el desarrollo de su labor y con el reconocimiento de su carrera profesional”.

En este sentido, el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclama una formación, tanto inicial como permanente, que sea cualificada y que esté vinculada “a las exigencias que plantea la función docente, acorde con las necesidades de los centros, con los profundos y rápidos cambios que se están produciendo en la sociedad y con las nuevas situaciones a las que han de hacer frente en las aulas”. Para ello, las administraciones tendrían que “impulsar la innovación, la experimentación y la renovación educativa con los apoyos, recursos y estímulos necesarios para una mejor y mayor cualificación profesional”.

El sindicato también reivindica que la formación esté ligada a la carrera docente, que se realice en horario laboral (y a ser posible en los centros), que esté vinculada a la actualización didáctica y que cuente con reconocimiento económico y medidas que la facilite, como licencias, estancias formativas, apoyos, intercambios, etcétera. Además, propone que se potencien otras modalidades formativas y de perfeccionamiento donde “el trabajo en equipo, el conocimiento y el desarrollo de buenas prácticas o los intercambios de experiencias enriquezcan y mejoren los proyectos de los centros, creando así comunidades profesionales de aprendizaje”.

“Los sistemas educativos con mejores resultados académicos -añade FeSP-UGT- son los que más valoran y respetan a sus docentes; por ello, es imprescindible un plan de recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado”, para que “se pueda contar con unas buenas condiciones de trabajo, entornos seguros, sanos y con recursos adecuados, confianza, autonomía profesional, libertad académica, una formación inicial de calidad y un desarrollo profesional continuo”.
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