La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha reclamado a los partidos políticos que se posicionen en contra del PIN parental, que, según este colectivo, “vulnera el derecho a la educación integral” de los estudiantes. Por ello, ha pedido que se actúe ante dicha iniciativa, que obligaría a los centros docentes a obtener autorización expresa de los padres y madres del alumnado para poder impartir contenidos como los relativos a igualdad y diversidad sexual.
La instauración del PIN parental, que promueve la asociación HazteOir y defiende Vox, supondría “condicionar y fiscalizar” los proyectos educativos de las escuelas, en opinión de los representantes de la ‘Marea Verde’, que consideran que “cualquier intromisión en la autonomía de los centros escolares es una fórmula de censura a los contenidos” que se imparten en las aulas.
De hecho, a juicio de la plataforma, este tipo de medidas pueden ir en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea e incluso la Constitución Española, cuando lo que debe promover el sistema educativo es el desarrollo de las capacidades afectivas del alumnado, la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual y la formación en el respeto de los derechos y libertades, tal y como contempla la Ley Orgánica de Educación de 2006.
Es más, las voces más críticas han calificado el PIN parental como “una ilegalidad” y “un mecanismo de la extrema derecha para evitar que los niños crezcan en los valores que propugnan los derechos humanos”, al tiempo que han denunciado que se ponga en duda la confianza que los padres y madres de los estudiantes deberían depositar en la escuela. En este sentido, el portavoz de CCOO, Rodrigo Seoane, lamentó que “puede llegar el momento en que un docente tenga una lista de alumnos a los que deba pedir que salgan de clase cuando se va a tratar un tema concreto porque sus padres lo hayan pedido”.
Las propuestas de HazteOir y Vox
HazteOir emprendió el pasado mes de septiembre una campaña para la implantación del PIN parental, en el marco de la cual envió formularios a 23.000 colegios para que los padres y madres puedan solicitar información previa y consentimiento a la hora de que sus hijos asistan a clases en las que se imparta contenido afectivo-sexual dentro del horario lectivo. La instauración de ese sistema también la reclama Vox, formación que defiende la necesidad de obtener autorización expresa de los progenitores para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales.
“Vox ya se ha pronunciado y ahora queremos que se pronuncien el resto de los partidos políticos”, declaró la responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, quien anunció que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública solicitará reuniones con todos los grupos parlamentarios y con la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, para abordar este asunto.
Por su parte, el portavoz de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas, Adrián Fernández, apeló a la responsabilidad del Partido Popular y Ciudadanos en aquellas comunidades en las que gobiernan con el apoyo de Vox, como es el caso de Andalucía, en la que el acuerdo entre las tres formaciones de cara a los presupuestos autonómicos incluye la implantación de esta medida, que posibilitaría, entre otras cosas, que “padres homófobos o machistas no solo eduquen en esos valores en casa, sino también en las escuelas”, sentenció el representante de FAEST.
Las organizaciones de la ‘Marea Verde’ también consideran que el PIN parental representa una “coacción” para los docentes y una forma de “censura” hacia los contenidos educativos que se imparten en las aulas, a pesar de que, desde las AMPA y los Consejos Escolares, los padres y madres pueden intervenir en la aprobación de los programas anuales de los centros y “tenemos pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en ellos”, precisó Camilo Jené, de CEAPA.
Un asunto que llegó a los tribunales
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ya presentó en septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que estudiase si la campaña de HazteOir para la implantación del PIN Parental podría constituir un delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal. Para FECCOO se trata de “una provocación a la intolerancia” y a la “discriminación”, que además “agrede las normas básicas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia” contempladas en el ordenamiento jurídico.
[Imagen: Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras]