La ministra de Educación y FP promoverá “contactos de alto nivel con las organizaciones empresariales y sindicales y con diversos sectores inmediatamente a la vuelta del verano”, con el fin de establecer “alianzas que nos permitan avanzar juntos” en “la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y con niveles más altos de cualificación”, algo que implica contar “con la complicidad del mundo empresarial y de los agentes sociales”.
Durante su participación en la clausura del curso 2017-2018 de Nueva Economía Fórum, Isabel Celaá destacó además que el Gobierno actuará “con decisión para revisar y modernizar” la Formación Profesional, puesto que “urge impulsar la transformación y la mejora del sistema de FP, aunando esfuerzos”.
“Me siento especialmente honrada de dirigir un ministerio que, por primera vez en la historia de España, incluye la Formación Profesional en su título”, admitió la socialista, quien dijo que esa novedad no responde a una casualidad, sino que es “la demostración de una voluntad de desarrollo de este ámbito formativo tan necesario”. De hecho, una de las prioridades estratégicas del departamento que dirige “es la modernización del modelo de FP, un objetivo alineado con los propósitos globales de mejorar la competitividad y promover un cambio imprescindible en el modelo productivo, mejorar nuestro capital humano y, en consecuencia, la empleabilidad”.
En busca de una población más formada
En este contexto, el Ejecutivo se ha marcado como meta “proporcionar un mayor nivel de formación al conjunto de la población española”, especialmente a aquellos que tienen cualificaciones más bajas o que carecen de ellas. Y es que los indicadores internacionales ponen de manifiesto que aunque los porcentajes de titulados españoles en Bachillerato y enseñanzas universitarias son similares a la media de la OCDE y de la Unión Europea (llegando incluso a superarlos en algunos casos), las tasas de titulados en Formación Profesional quedan muy por debajo de las que alcanzan los países desarrollados de nuestro entorno.
Para describir tal panorama, la ministra aludió a los datos publicados en la edición de ‘Education at a Glance’ de 2017, según los cuales la tasa de graduación en Bachillerato en menores de 25 años se situaba en España en el 51% (frente al 52% en la OCDE y el 49% en la UE), mientras que el porcentaje correspondiente a los programas de FP de Grado Medio se quedaba en el 22% (frente a unas medias respectivas del 36% y del 41%). “A cambio de esta baja tasa de titulados en Formación Profesional -apuntó Celaá-, nuestra tasa de abandono escolar temprano sigue superando ampliamente la media europea, a pesar de la reducción (lógica) que ha experimentado en estos años de alto desempleo juvenil, configurando un problema que no acabamos de resolver”.
Por tanto, uno de los grandes retos del Gobierno es “ampliar la cobertura de la Formación Profesional”, ya que además se da una situación paradójica: “por una parte, contamos con unas altas tasas de desempleo, al tiempo que nuestras empresas manifiestan tener dificultades para cubrir sus vacantes con personal cualificado; y sabemos que la tendencia hacia una mayor necesidad de perfiles técnicos irá en aumento en los próximos años”, argumentó la también portavoz del Ejecutivo.
Avances «significativos» en Formación Profesional
Tras realizar un breve recorrido histórico desde la promulgación de la Ley de Formación Profesional Industrial de 1955 hasta la aprobación de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional de 2002, para evidenciar que la FP “ha ido actualizándose y registrando avances significativos” en el último medio siglo, la ministra reconoció que “en los últimos tiempos se ha perdido el empuje que hubiéramos necesitado” y “que ahora debemos retomar”.
“Es una evidencia que hemos de adaptar este modelo a las necesidades de la economía actual” y promover “la transformación y la mejora del sistema de Formación Profesional, aunando esfuerzos desde las administraciones, las universidades, los centros de FP, los agentes sociales y, muy especialmente, las empresas”, señaló Celaá, quien subrayó la importancia de “contar con todas aquellas organizaciones que puedan impulsar un ciclo permanente de transferencia de conocimiento, experimentación e innovación”.
“Nuestro desafío principal -añadió- consiste en facilitar la integración del sistema de FP, tanto de la vinculada al sistema educativo como de la orientada al empleo, y ello implica actuar en ambas, facilitando su reconocimiento mutuo y el tránsito entre ellas”. Se trata de construir un sistema integrado de Formación Profesional, capaz de atender tanto las necesidades de las empresas como las posibilidades de la población, desarrollando una oferta flexible y adaptada, que combine de forma equilibrada los diversos tipos de formación (inicial, para el empleo, presencial, parcial, en línea y otras modalidades) y reconozca las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
Formación adaptada a los nuevos tiempos
Para la titular del Ministerio de Educación, es fundamental “configurar una oferta que dé respuesta real a las necesidades del sistema productivo”, lo que exige “agilizar el diseño de las cualificaciones y su transposición en títulos formativos, proceso que en la actualidad tiene una duración excesiva; desarrollar las especializaciones ya previstas desde 2011, pero todavía no implantadas; contemplar y dar respuesta a nuevas competencias profesionales e incorporar elementos de formación de carácter transversal”.
En cuanto a la FP Dual, indicó que aunque esta modalidad “ha tenido un importante desarrollo”, todavía “debe continuar evolucionando para dar todos los frutos que de ella se esperan”, por lo que propuso “realizar algunos ajustes en el sistema”.
Por otra parte, Isabel Celaá incidió durante su discurso en que su ministerio ejercerá “un liderazgo basado en la búsqueda de amplios consensos y acuerdos”, con el objetivo de “estabilizar nuestro sistema educativo, contando con el apoyo de todos los grupos parlamentarios que sientan la educación como un asunto de Estado”.
“No cabe ninguna duda de que la educación es un factor decisivo de desarrollo personal, que nos permite llevar al máximo nuestras capacidades y competencias, nos faculta para tomar en nuestras manos las riendas de nuestra existencia, y enriquece nuestro universo de relaciones e intercambios con la sociedad y con el entorno en que estamos insertos; pero la educación es a su vez la puerta a la economía”, ya que, en su amplio sentido, es “generadora del conocimiento necesario para el desarrollo científico y tecnológico, y es la condición necesaria para la prosperidad económica”, declaró la ministra.
La necesidad de modernizar el sistema educativo
Bajo esta perspectiva, la representante del Gobierno planteó que hay que “modernizar el sistema educativo para asegurar que los alumnos y alumnas adquieran durante su escolarización el aprendizaje de los saberes necesarios para desenvolverse en el siglo XXI: las competencias básicas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.
Para ello, a su juicio, se tienen que “revisar y adelgazar los currículos escolares enciclopédicos que tenemos, diseñados antes de la aparición de internet, para sustituirlos por otros orientados no a tener cabezas llenas sino mejor estructuradas, capaces de hacerse preguntas y de descubrir nuevas respuestas e innovaciones”. Además, se debe “reforzar el aprendizaje de competencias que ayuden a resolver problemas y a trabajar de forma más productiva con mayor creatividad y sentido de la colaboración, en entornos siempre cambiantes y exigentes”.
Asimismo, la ministra aboga por “promover el aprendizaje de otras lenguas que permitan a nuestros jóvenes desenvolverse como ciudadanos del mundo sin fronteras de comunicación ni de aprendizaje” y por “equipar a todos los estudiantes con un bagaje de valores, actitudes y cualidades, como la curiosidad, la iniciativa, la cooperación, la asertividad, la persistencia o la responsabilidad”.