El Gobierno modificará la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, aprobada por el Partido Popular en el año 2013, para garantizar que “la red pública tenga preminencia en la programación de la oferta de plazas escolares y que la concertada sea complementaria de las necesidades de escolarización”. Así lo ha anunciado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, quien avanzó que se reformarán varios artículos de la LOMCE.
Durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde esbozó las principales “líneas maestras” que guiarán su gestión esta legislatura, la titular del ramo adelantó que modificará el artículo 109.2 de la LOMCE, “por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada ‘demanda social’, un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada”. Asimismo, Celaá abrirá un proceso de diálogo con los centros que practican la enseñanza segregada por sexos, puesto que, a su juicio, la separación de niños y niñas por aulas “contraviene los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación”.
El Ejecutivo socialista también suprimirá las “reválidas” impuestas por la denominada ‘Ley Wert’, reactivará los Programas de Diversificación Curricular que apoyaban a los estudiantes con más dificultades de rendimiento y derogará los itinerarios a partir de los 13 años que establecía la norma en vigor, ya que “condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento”.
Religión, Educación Infantil y Becas
Por otra parte, el Gobierno reformará la materia de Religión para que deje de computar a efectos académicos en la nota media de los alumnos y creará una asignatura obligatoria de Valores Cívicos y Éticos, centrada en el tratamiento y el análisis de los Derechos Humanos y las virtudes cívico-democráticas, cuyo contenido “no debe ser objeto de polémica alguna a estas alturas y menos cuando en toda Europa lleva años formando parte del currículo”, apostilló la ministra.
En cuanto a la Educación Infantil, el ministerio impulsará un Programa de Cooperación Territorial con las comunidades autónomas en relación a la etapa de 0 a 3 años, que incluirá la financiación de iniciativas de apoyo y orientación a los padres y madres de estos menores. Dichos planes estarán dirigidos a las familias con las rentas más bajas y se diseñarán en coordinación con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
Además, el Ejecutivo pondrá en marcha el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio, para “revisar el modelo y hacerlo más justo y equitativo”, y ejecutará un paquete de medidas tendentes a reducir el abandono escolar temprano. Entre las actuaciones que recogerá ese plan se encuentra la lucha contra la pobreza infantil, con el apoyo de becas y ayudas, y el diálogo con empresarios y sindicatos para acordar fórmulas más flexibles que permitan a los jóvenes compatibilizar empleo y formación.
El Gobierno también revertirá el real decreto ley de racionalización del gasto público en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, que supuso un aumento del número de alumnos por aula y un incremento de la jornada lectiva docente, entre otras medidas. Esto irá unido, según la ministra, al crecimiento de la inversión destinada a la formación permanente del profesorado, así como a la investigación e innovación educativa.
La Formación Profesional, una prioridad
Respecto a la Formación Profesional, la intención del Ejecutivo pasa por una modernización de estos estudios mediante un “amplio acuerdo” adaptado a las necesidades de la nueva economía y diseñando una oferta única, pero flexible. “Es el momento de integrar los dos subsistemas de FP: el del sistema educativo y la Formación para el Empleo, con la coordinación en su regulación con el Ministerio de Trabajo y con la participación de agentes sociales, empresarios y sindicatos”, explicó Celaá.
Para lograr esta modernización, se redactará “con el máximo consenso” una Ley de Formación Profesional y, de forma paralela, se elaborará un nuevo catálogo único de cursos, se incluirán especialidades emergentes, se realizarán estudios sobre la oferta y la demanda del mercado, se facilitarán las pasarelas entre los distintos grados de FP y se reactivará el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
Asimismo, se revisará el modelo Dual de FP para “acometer una regulación básica” que evite desigualdades entre las distintas comunidades autónomas, se mejorará el nivel de cualificación y acreditación de los trabajadores y se impulsará un modelo integrado de orientación académico-profesional.
Por otro lado, el Gobierno recuperará las evaluaciones de diagnóstico en cuarto curso de Educación Primaria y en segundo de la ESO, e impulsará el reparto de recursos entre las escuelas situadas en los barrios más desfavorecidos para ayudar a los alumnos a elevar sus resultados académicos.
Propuesta de colaboración y diálogo
Tras lanzar una propuesta de “colaboración y diálogo abierto” a todos los partidos con representación en el Congreso, Isabel Celaá planteó durante su comparecencia a los diferentes grupos parlamentarios la necesidad de alcanzar un “Acuerdo por la Educación” con el propósito de consensuar medidas que den estabilidad al sistema.
Finalmente, la ministra animó a realizar un profundo análisis del actual modelo educativo para “replantearse si el currículo, las didácticas y la evaluación que hasta ahora han prevalecido son las más idóneas y funcionales”. “Tenemos una organización escolar demasiado rígida y homogénea”, destacó, por lo que “necesitamos dar mayor flexibilidad a los centros educativos para organizar los aprendizajes de la forma más significativa y motivadora para los alumnos”.