Avanzar en la equidad del sistema, impulsar la Formación Profesional y extender la digitalización de la enseñanza son los tres principales objetivos que persigue, en materia educativa, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. La inversión prevista para el Ministerio de Educación y Formación Profesional asciende a 6.036 millones de euros, de los que 2.150 millones se destinarán al programa de becas y ayudas al estudio.
Esta partida, que en los últimos cuatro años ha aumentado un 44%, permitirá que en la convocatoria de 2021-22 las becas lleguen a unos 986.000 alumnos y alumnas, lo que supondrá un crecimiento del 10% respecto al curso anterior, que contó con 896.427 perceptores. Dichas cifras reflejan la firme apuesta del Gobierno y del MEFP por la mejora de la equidad en el sistema educativo, posibilitando que las ayudas lleguen a los estudiantes que más las necesiten y contribuyendo a la reducción del abandono escolar temprano por motivos económicos.
“Necesitamos todos los talentos y debemos poner los medios necesarios para que todos los estudiantes sigan su proceso formativo, sean cuales sean sus circunstancias”, ha declarado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, tras destacar que “el objetivo de las becas y ayudas al estudio es garantizar el derecho a la educación de todas las personas; no solo el acceso, sino también la permanencia en el sistema educativo”.
Entre otras novedades, la convocatoria de 2021-22 incluye el incremento de la cuantía de la beca base para Formación Profesional Básica, de 300 a 350 euros. Esta medida se suma a la subida de las cuantías fijas en 100 euros, la elevación del umbral de renta 1 y el establecimiento del aprobado como nota de acceso a estas ayudas, cambios que ya fueron introducidos en la anterior convocatoria.
Además, en materia de inclusión, la convocatoria de 2021-22 incorpora al alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje entre los beneficiarios de las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. En cuanto a las víctimas de violencia de género, se suprime el requisito de la acreditación, por parte de alguna autoridad educativa, de que el menor rendimiento académico del solicitante esté directamente relacionado con la violencia sufrida.
La Formación Profesional para el Empleo es el segundo programa con mayor financiación, 1.151 millones de euros, que representan un aumento del 24,46% respecto al año anterior. El ministerio que dirige Pilar Alegría asumió estas competencias en 2020, dentro del proceso de modernización de la FP, en el que también se enmarca el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, actualmente en trámite parlamentario.
A la red educativa y cultural en el exterior, que se desarrolla en 49 países, moviliza a 1.260 docentes y atiende a 50.000 estudiantes se destinarán 111 millones de euros, mientras que en la Educación Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas artísticas y educación compensatoria de Ceuta y Melilla -donde el MEFP tiene la competencia educativa- se invertirán 632 millones, a los que añaden otros 193 para la Educación Infantil y Primaria en las ciudades autónomas.
De los 6.036 millones previstos para el MEFP, que suponen 339 más que en los PGE para 2021, la parte correspondiente al presupuesto nacional se incrementa un 14% respecto al año anterior, hasta los 4.383 millones de euros. A estos se suman 1.653 millones del Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de una inversión total de 4.687 millones en tres años para la modernización en equidad del sistema educativo, la digitalización y el desarrollo de la Formación Profesional, y que permitirá avanzar hacia un modelo personalizado, inclusivo y flexible del aprendizaje, adaptado a las necesidades del alumnado.
La planificación y ejecución de estas inversiones se realizará mediante programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas. Entre otras partidas, en 2022, 120 millones irán al Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (PROA+) y 333,82 millones, a la creación de plazas de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública para extender la escolarización de este ciclo y compensar los efectos de las desigualdades de origen socioeconómico (el plan prevé la creación de 60.000 plazas en tres años). Otros 341,5 millones se destinarán a la transformación digital de la educación y 206,66 millones, al Plan de modernización de Formación Profesional.