El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Isabel Celaá se han reunido con los representantes de la patronal y de las principales organizaciones sindicales para impulsar un Acuerdo Estratégico por la Formación Profesional, que permita adaptarla a los cambios y demandas de la nueva economía y del tejido productivo español. El objetivo es optimizar la colaboración entre todos los actores implicados para potenciar esta vía formativa en España.
Así lo han informado fuentes del Ejecutivo, que han explicado que el encuentro “ha servido para iniciar una gran alianza de país por la modernización” de la FP con el objetivo de contribuir al crecimiento económico, la cohesión social y el empleo digno.
Sánchez ha destacado que la voluntad del Gobierno es “dar un impulso estratégico rápido y urgente” al sistema de Formación Profesional “como pieza clave para garantizar la fortaleza competitiva y la mejora de la empleabilidad en España”. Para ello, el Ejecutivo pretende agilizar el ajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones a corto y medio plazo, haciendo partícipes a las empresas y a los sectores productivos en el Observatorio del Instituto Nacional de Cualificaciones.
Asimismo, los agentes sociales podrán participar en la formación y la actualización del profesorado, mediante estancias en empresas, e intervenir en el diseño de los nuevos títulos de Formación Profesional para dar respuesta a las necesidades de capital humano que requiera el mercado laboral. En este sentido, el Gobierno se compromete a simplificar los mecanismos de actualización de las titulaciones, para cubrir de forma rápida y eficaz las exigencias de los tejidos productivos de cada territorio, y a impulsar la FP reforzando sus tendencias positivas y afrontando los desafíos que plantea la industria 4.0 y la nueva economía.
“Es imprescindible abrir un escenario de trabajo compartido para que las empresas y los agentes sociales sean protagonistas directos de una Formación Profesional más moderna e innovadora”, según ha declarado Isabel Celaá, para quien “un país sin una FP de calidad es un país sin futuro”.
Desde 2007 a 2017, el número de matriculaciones en todas las modalidades de Formación Profesional (básica, media y superior) creció un 71% en España hasta rondar las 800.000. No obstante, el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 19 años que cursan este tipo de programas en nuestro país es muy inferior al promedio de la OCDE (12% frente al 25%), a pesar de que los titulados en FP presentan una tasa de ocupación del 74%, frente al 63% de los que solo tienen una titulación general.
Además, el 46% de la población activa española carece de acreditación profesional pese a su experiencia laboral, de modo que superar este desafío y crear un sistema integrado de orientación son otros dos de los objetivos planteados por el Gobierno, que también quiere potenciar de la FP Dual. Esta modalidad, que combina la formación recibida por el estudiante en un centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo, apenas representa en la actualidad el 2,5% del total del alumnado de Formación Profesional, por lo que el Ejecutivo propone “definir un marco flexible para las distintas realidades de los tejidos productivos de cada territorio”.
A la reunión con el presidente del Gobierno y la ministra de Educación y Formación Profesional han asistido el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Joan Rosell, y el de Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, Antonio Garamendi, así como los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, José María Álvarez y Unai Sordo, respectivamente.
A juicio del máximo responsable de la CEOE, la FP “no es una segunda división respecto a la universidad”, sino que “es mucho más flexible”, por lo que abogó por “prestigiarla”. En similares términos se pronunciaron los dirigentes sindicales, que reclamaron al Ejecutivo una mayor dotación de recursos para estas enseñanzas que, según el representante de UGT, tienen amoldarse a las características y necesidades de cada comunidad autónoma. En esta línea, su homólogo en CCOO planteó la apertura de un debate entre la administración central y las autonómicas para buscar un consenso en torno a la modernización y la adaptación de la Formación Profesional a las actuales exigencias laborales y productivas.