El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que revertirá los recortes educativos aplicados a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 14/2012, que fue aprobado por el Gobierno del Partido Popular. La nueva norma, que ha sido desarrollada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que dirige Isabel Celaá, y que cuenta con un artículo único, contempla la supresión de tres medidas.

En concreto, se suprimirá el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas en Educación Infantil y Primaria, y de 20 horas en Secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20 por ciento las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a interinos que sustituyan a profesores titulares que se ausente por motivos de una baja.

El anteproyecto de la ley, denominada ‘de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria’, expone que, dado que las medidas del Real Decreto Ley promulgado en el año 2012 se adoptaron atendiendo a la coyuntura del momento marcada por la crisis, “la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión”, según ha informado el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Con respecto a la cifra de estudiantes por clase, Celaá ha señalado que “nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la calidad del sistema educativo”. Es más, el mantenimiento de esta medida “tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula”, tal y como recoge el anteproyecto. En este sentido, las administraciones educativas deberán proveer los recursos necesarios para garantizar que no se superen las ratios en la Educación Primaria y en la Secundaria Obligatoria establecidas en la Ley Orgánica de Educación.

Asimismo, las administraciones públicas con competencias en materia educativa podrán establecer la parte lectiva de la jornada semanal de profesorado, pudiendo cada una “adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno”, según ha explicado la ministra. De esta forma, se devuelve a las comunidades autónomas la capacidad de determinar la carga lectiva de sus docentes.

En cuanto al periodo de sustitución transitoria de los docentes que se den de baja, éste pasará de 10 días a ser un relevo inmediato desde el momento de la ausencia del titular de la plaza. Esta medida será la única que esté en vigor este año, ya que las otras dos no se podrán aplicar hasta el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización del curso escolar.

El borrador de este anteproyecto fue anunciado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 30 de julio y recibió el apoyo de todos ellos, exceptuando los del PP. Además, el texto fue presentado a las organizaciones sindicales mayoritarias en el sector de la enseñanza y está pendiente de ser analizado por el Consejo Escolar del Estado, que emitirá su informe preceptivo.

Tras su aprobación, el documento volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley y, posteriormente, se remitirá al Congreso de los Diputados, donde iniciará su tramitación parlamentaria.