Diecisiete meses después de que se creara la subcomisión parlamentaria para alcanzar el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, sus trabajos han concluido sin éxito. La falta de consenso a la hora de confeccionar un documento que sirviera de base para elaborar una nueva ley que sustituyera a la LOMCE y el posterior abandono de las negociaciones por parte de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCat han impedido que continúen las sesiones.
De hecho, los únicos partidos que aún permanecían en la mesa eran PP y Ciudadanos, formaciones que ahora se lamentan de la “gran oportunidad que se ha perdido” para “cambiar el sistema educativo”.
Durante el tiempo que la subcomisión estuvo en activo, más de ochenta expertos y especialistas del sector de la enseñanza comparecieron ante este órgano parlamentario, creado en diciembre de 2016 para debatir sobre los aspectos fundamentales que tendría que contemplar la norma que reemplazaría a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa; todos ellos incluidos en un guion compuesto por quince puntos. No obstante, las discrepancias entre los distintos partidos con representación en el grupo de trabajo se hicieron insalvables cuando se abordó el tema de la financiación.
Mientras tanto, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública redactaba su propia propuesta para el Pacto de Estado por la Educación, al considerar que la subcomisión creada a tal efecto solo era “una cortina de humo” para evitar que se “hablara sobre las necesidades reales” de enseñanza. Al mismo tiempo, esta agrupación de sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles y asociaciones de padres y madres del alumnado denunciaba “la poca voluntad de algunos grupos parlamentarios” para que la comunidad educativa pudiera participar “como un agente más” en el debate.
Ahora se abre un periodo de incertidumbre, ya que el Gobierno suspendió el carácter académico de las polémicas “reválidas” implantadas por la reforma educativa hasta que se alcanzara el pacto y el PSOE presentó una Proposición de Ley para derogar en el Congreso la LOMCE, que sólo puede ser sustituida por otra ley orgánica.