La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que estudie si la campaña emprendida por la organización HazteOir para la instauración del PIN Parental, que incluía el envío de cartas a centros educativos, podría constituir un delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal. Para FECCOO se trata de “una provocación a la intolerancia” y a la “discriminación”.
Fuentes de este sindicato han explicado que el PIN Parental “no es otra cosa que una solicitud de información previa y consentimiento expreso para la formación de contenido afectivo-sexual impartida en horario escolar”. Además, la campaña de HazteOir, titulada ‘Mis hijos, mi decisión’, ha venido acompañada del envío de misivas a centros docentes “en las que se instaba a padres y madres a autorizar expresamente las informaciones, conferencias y cursos sobre la igualdad”, según ha criticado la citada federación.
FE-CCCO, que considera que “dichas actuaciones agreden las normas básicas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia” contempladas “en el ordenamiento jurídico, como instrumento de control social”, tomará las medidas oportunas “para que se declare como ilegal” dicha campaña. También solicitará a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia el requerimiento al Gobierno español para que “legisle la protección de la educación en los principios de igualdad, no discriminación y tolerancia, y persiga actuaciones como las realizadas por la asociación de extrema derecha”.
A raíz de estos hechos, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha exigido una ley de protección de las personas LGTBI en el ámbito educativo y salvaguardar el ordenamiento jurídico español “ante actos provocadores e incitadores a la intolerancia”. Asimismo, ha pedido a las comunidades autónomas con legislaciones en contra de la discriminación por razón de orientación e identidad sexual que “declaren la ilegalidad de los actos llevados a cabo por HazteOir”, al tiempo que ha reclamado a la administración educativa que ofrezca “seguridad jurídica a los cuerpos docentes, equipos directivos, madres y padres ante estas medidas coactivas”.
[Imagen: Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras]